Nota de prensa sobre la asignación fraudulenta de vacantes.

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Resulta muy triste que tras el reciente fallecimiento de un compañero en Cantabria en accidente laboral tengamos que constatar la falta de seriedad que demuestra la Secretaría de Estado de Seguridad en la prevención de riesgos laborales con la designación fraudulenta de inspectores-auditores de las Fuerzas Armadas que son ajenos a la función policial.

El pasado mes de marzo se convocaron varios puestos de trabajo que, según la propia convocatoria, solo podían ser ocupados por miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

El anuncio de esos puestos obedece a un aumento de plantilla en la Inspección de Personal y Servicios que habrá de auditar e inspeccionar el sistema de gestión de riesgos laborales de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Para ejercer dicha función auditora es imprescindible, como impone la lógica, el conocimiento del funcionamiento de las distintas unidades de ambos cuerpos policiales, por ello los únicos que pueden ocupar esos puestos de trabajo deben ser miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Base 4ª de la convocatoria establecía:
Peticionarios: Podrán participar los funcionarios en activo del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de las Escalas, Empleos o Grupos indicados.

Lo sorprendente es que infringiendo la propia convocatoria, varios puestos han sido asignados a oficiales de las Fuerzas Armadas.

Frente a la promesa de los responsables del Ministerio del Interior de relajar el régimen militar de la Guardia Civil nos encontramos con que serán ahora miembros del Ejército los que vengan a inspeccionar las instalaciones y los servicios que prestan los miembros de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Los nombramientos de los componentes de las Fuerzas Armadas en su cargo de Inspectores Auditores de la Inspección de Personal y Servicios de la Secretaría de Estado de Seguridad han sido publicados en el Diario Oficial de Defensa nº 109, de fecha 5 de junio de 2007.

Ante tal irregularidad la Unión de Oficiales se ve en la obligación de impugnar judicialmente los citados nombramientos que han infringido la convocatoria y que suponen un fraude a las expectativas de guardias civiles y policías.



No es esta la primera irregularidad detectada pues la Unión de Oficiales ha advertido que en los últimos meses la Dirección General de la Guardia Civil está jugando con el futuro de familias, perdiéndose la seguridad jurídica que debe presidir la asignación de destinos, realizándose un uso abusivo del sistema de “libre designación” y del “destino por necesidades del servicio” que obvia toda valoración de antigüedad, mérito y capacidad, todo para favorecer a terceros.

La Unión de Oficiales se reafirma en su voluntad de denunciar e impugnar ante los tribunales cualquier resolución que incurra en irregularidades, especialmente cuando puedan afectar a la conciliación de su vida familiar y laboral o la seguridad y salud en el trabajo, no gustando a esta Asociación que sean componentes de las Fuerzas Armadas los que fiscalicen a la Administración en la seguridad en el trabajo, ya que en la vida civil son los sindicatos los encargados de que las normas de riesgos laborales se cumplan.

Madrid, 13 de junio de 2007.

Unión de Oficiales Guardia Civil.