El Senado aprueba prohibir manifestarse a los guardias civil

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El Senado aprueba prohibir manifestarse a los guardias civil

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[align=justify]El Senado aprueba prohibir manifestarse a los guardias civiles

Desde 2007, los agentes podían organizar y participar en manifestaciones siempre que no tuvieran carácter político

EFE / MADRID El Senado ha aprobado hoy una reforma legal consensuada por el PSOE y el PP por la que se prohíbe el derecho de manifestación de los guardias civiles, por entender que se trata de un cuerpo de carácter militar y debe acogerse a las mismas normas que las Fuerzas Armadas en este sentido.

Socialistas y 'populares' han acordado este cambio normativo que restringe aún más el derecho de manifestación de los guardias civiles.

Desde 2007, los agentes del instituto armado podían organizar y participar en manifestaciones siempre que no tuvieran carácter político o sindical. En esta limitación se añaden ahora también los actos de carácter "reivindicativo".

El acuerdo se ha plasmado con una enmienda a la Ley de Contratos Públicos de Seguridad y Defensa, que se ha aprobado hoy en la Comisión de Economía de la Cámara Alta.

La enmienda deroga por una parte el apartado primero del artículo 8 de la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil aprobada en 2007 y que se limitaba a prohibir a los agentes organizar o asistir a manifestaciones de carácter "político o sindical".

Además modifica el artículo 13.1 del proyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas para incluir también a los guardias civiles a la hora de prohibirles participar en manifestaciones, no sólo de carácter "político y sindical", sino también de carácter "reivindicativo".[/align]

La inclusión de esta enmienda fue denunciada en los últimos días por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, que advertía de la "nocturnidad y alevosía" con la que los dos grandes partidos han acordado esta reforma.

En el debate de la comisión, el único senador que se ha mostrado en contra de esta iniciativa ha sido Xosé Manuel Pérez Bouza, del BNG, quien ha reprochado esta decisión sobre todo al Gobierno y al PSOE, por echarse atrás en una de sus promesas electorales, la de permitir manifestarse a los guardias civiles.

Promesa que, ha recordado Pérez Bouza, se cumplió en 2007 con la ley de derechos y deberes de esta institución, que permitía a sus miembros manifestarse desarmados, y "en sólo cuatro años" los socialistas han cambiado de criterio.

Aunque ha admitido que la Guardia Civil sigue siendo un cuerpo de naturaleza militar, Pérez Bouza ha subrayado que "no es el ejército" ni sus miembros son militares y ha lamentado que se acabe con un derecho acordado en 2007 que era "adecuado y justo".

En su defensa de la enmienda, el socialista Manuel Arjona se ha limitado a leerla, sin dar más explicaciones.

Después, cuando el senador del BNG ha lanzado su reproche, el senador del PSOE Hilario Caballero ha recordado que cuando se votó la ley orgánica de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas se incluyó una enmienda de CiU que pretendía que lo que se legisla para éstas tenga la misma consideración para la Guardia Civil.

El presidente de la Comisión, el senador de CiU Jordi Vilajoana, ha advertido al inicio del debate que la enmienda consensuada por el PP y el PSOE puede conllevar problemas técnicos y jurídicos que deberá resolver el Congreso en el último trámite del proyecto.

En este sentido ha recordado que la enmienda modifica por un lado una ley orgánica a través de una ley ordinaria y por otro cambia un proyecto legislativo que también está todavía en tramitación y que, como éste, tiene que pasar por la última votación de la Cámara Baja.

La enmienda ha salido adelante con los votos a favor del PP y del PSOE, frente al único voto en contra del BNG y la abstención de CiU.

FUENTE: EFE
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Acuerdo en el Senado

PP y PSOE aprueban una enmienda que prohíbe manifestarse a guardias civiles


MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -


PP y PSOE han acordado este martes aprobar la enmienda al Proyecto de Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad por la que se prohíbe manifestarse a los agentes de la Guardia Civil y que se votará con el apoyo de ambos partidos en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado. El Pleno extraordinario de la Cámara Alta votará la aprobación del Proyecto de Ley ya con esta nueva enmienda en su redactado y finalmente será el Congreso el que ratifique esta iniciativa en el último Pleno de julio.

El PP propuso dar este paso en junio, cuando se reformó la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, pero optó por retirar la enmienda en aras al consenso y ante el rechazo de las asociaciones de guardias civiles. Ahora, 'populares' y socialistas retoman la cuestión a través de una disposición final añadida a una ley de contratos públicos, con la que se acuerda "aplicar al Instituto Armado la regulación contenida en el artículo 13.1 de la Ley Orgánica de derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas".

El citado artículo dice expresamente que "el militar podrá ejercer el derecho de reunión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, pero no podrá organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical".

Asimismo, añade que "vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición militar, no podrá organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo".

El senador socialista Manuel Arjona ha sido el encargado de presentar este martes la enmienda en la Comisión donde ha justificado su aprobación apelando a que la Guardia Civil "se trata de un instituto armado de naturaleza militar".

De este modo, queda derogado el apartado 1 del artículo 8 de la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil en la que se recogía que los agentes del Instituto Armado "no podrán organizar manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical".

Tras conocer el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para prohibir el derecho de manifestación a los guardias civiles, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, AUGC, emitió ayer lunes un comunicado en el que responsabilizaba al vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba describiéndole como "un pijo que va de rojo con ansias de poder ilimitadas".

PRIMER INTENTO EN JUNIO

Ya el pasado mes de junio el PP presentó una primera enmienda en el Senado, en este caso a la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, a través de la cual pedía endurecer la prohibición de manifestación para los guardias civiles. No obstante, los 'populares' retiraron esta iniciativa parlamentaria días después tras el rechazo generado en la mayoría de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.

Según anunció el senador por Melilla Juan José Imbroda, el PP consideró entonces "más conveniente" no seguir adelante con esta enmienda para su votación en la Comisión de Defensa en aras del "consenso" con que cuenta la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Por ello afirmó que el PP retiraba la enmienda con "satisfacción".

El derecho a manifestación por parte de la Guardia Civil ha sido motivo de enfrentamiento entre las asociaciones profesionales del Instituto Armado y el Ministerio del Interior en numerosas ocasiones durante los últimos años. El último precedente tuvo lugar el pasado mes de septiembre cuando la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) convocaron una manifestación en Madrid para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

ÚLTIMO PRECEDENTE

Esta marcha fue posible después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) revocase la decisión de la Delegación de Gobierno que prohibió a los guardias civiles manifestarse al entender que era un acto sindical no permitido a los agentes del Instituto Armado. El tribunal madrileño declaró "nula" aquella decisión por entender que "no se ajusta a derecho y vulnera el derecho fundamental de reunión de los guardias civiles".

La Sala de lo Contencioso-Administrativa estimó el recurso presentado por la AUGC y la UO considerando que la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid "excede el límite legal" y "vulnera un principio fundamental", reconocido en la Constitución, por lo que declaró la prohibición "nula de pleno Derecho".

La Sala reconocía así el derecho a manifestarse de los agentes del Instituto Armado para "la defensa y promoción de sus intereses profesionales".

El Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado se opusieron a la celebración de la manifestación, pero la sentencia evocó precisamente la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de la Guardia Civil de 2007 que afirma que los agentes "son titulares de los derechos fundamentales y libertades públicas" reconocidas en la Carta Magna, en la que se defiende el "derecho de reunión pacífica y sin armas". "Los guardias civiles son titulares de tal derecho", zanjaba en su resolución.

FUENTE: EUROPAPRESS
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LA HIPOCRESÍA DE NUESTRA CASTA POLÍTICA

Nota de Prensa conjunta USGC y AEGC

Vaya por delante la siguiente afirmación: a los Guardias Civiles no nos gusta manifestarnos.

Y no nos gusta como tampoco le gusta a ningún ciudadano tener que salir a la calle a manifestarse cuando dicho acto no se debe a motivos lúdicos sino a problemas sociales, profesionales, laborales o económicos. Pero cuando los administradores no cumplen sus deberes para con sus administrados, a éstos no les queda más remedio que demostrar públicamente que aquellos no lo están haciendo bien ni cumpliendo con su trabajo. Y por ello es un derecho recogido en nuestra Constitución. Y aunque los Guardias Civiles tengamos restringido ese derecho, no es menos cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid autorizó una manifestación de Guardias Civiles “por su naturaleza de promoción de sus intereses profesionales, en la medida en que las desenvuelven al margen de la actuación de cualquier organización sindical".

Pues bien, ahora a los dos principales partidos políticos españoles, incapaces para ponerse de acuerdo en renovar el Tribunal Constitucional, en expulsar a los etarras de las instituciones democráticas, en solucionar el drama del paro que afecta a 5 millones de españoles, en solventar los problemas de la crisis económica o en zanjar los graves problemas económicos de nuestro sistema financiero les ha faltado tiempo ponerse de acuerdo y prohibir ese derecho a los Guardias Civiles porque, dicen, “somos militares”.

Ojala fuésemos también militares para las cosas buenas y no sólo para los perjuicios.

Y además lo hacen por la puerta de atrás, a través de una enmienda conjunta presentada en el Senado para modificar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles y sin que haya sido oído el Consejo de la Guardia Civil.

Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, pero más les valdría a nuestros políticos intercambiar sus fluidos corporales para sacar a España de la crisis y mejorar de una vez por todas nuestras numerosas carencias en vez de convertirnos en ciudadanos de segunda.

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[align=justify]LA UNION DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL: UNA EMPECINADA ENTRE TINIEBLAS, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Asistimos, muy a nuestro pesar, a una etapa de entre tinieblas, una etapa en la que algunas instituciones parecen estar en un desgraciado proceso de descapitalización de activos y de rendición ante los enemigos de todo estado social y democrático de Derecho fundado a partir de la libre voluntad del que debería tener el poder: el pueblo español en su conjunto.

Una lanzada más en el costado de nuestra ya debilitada nación supone la enmienda introducida “a hurtadillas”, “a escondidas”, aprovechando la tramitación de un proyecto de Ley -el de contratos del sector público en los ámbitos de Defensa y Seguridad-. Finalmente, esa enmienda se ha aprobado.

Menos de quince días datan desde que un miembro del Partido Popular manifestará total satifación al haber retirado una enmienda gemela, “propuesta por error”, que cercena los Derechos Fundamentales de los Guardias Civiles en su conjunto. Derechos fundamentales ya reconocidos y desarrollados. Los dos grandes partidos que han votado, hoy si, a favor de la enmienda deberían plantearse si la Constitución Española de 1978 prevé este descarado recorte de Derechos fundamentales supraprotegidos por ella.

Es evidente que hoy se ha cumplido con la debilidad mostrada en poco tiempo. Es de lamentar que un sector del Partido Popular esté a favor de recortar derechos que devendrán en una Guardia Civil poco actualizada y poco cercana a los tiempos, una Guardia Civil que no pueda denunciar abiertamente su situación real. ¿Acaso creen que cercenar Derechos ya reconocidos a la Guardia Civil no repercutirá en la calidad merecida por los ciudadanos? Vivimos en una nación sin timón (antes sin timonel): legalización de partidos próximos a ETA, sospechas mayúsculas de politización de estamentos, beneficios a miembros de la ya citada banda terrorista, marginación evidente y palmaria de las víctimas. En definitiva un “sin sentido” un “mundo al revés” donde el que cumple como ciudadano ejemplar solo tiene obligaciones y cada vez menos derechos.

Hoy PP-PSOE se olvidan nuevamente de la cercanía que un verdadero líder debe mostrar para con sus ciudadanos, sobre todo aquellos que respetan un Estado Democrático y de Derecho cuya Carta Magna es nuestra Constitución.

SE ALEJAN DEL VERDADERO SENTIR DE LA CIUDADANIA, CON RECORTES COMO ESTE. Somos, con orgullo, el cuerpo que más quieren los españoles y ese preciado galardón lo hemos ganado “a sangre y fuego”.

Tirando de hemerotecas, todo lector descubrirá que los intentos de callar a los Guardias Civiles y a sus familias son producto de los deseos de una cúpula militar, próxima al poder, anclada en el tiempo y con escasa inquietud de dar una evolución digna a un cuerpo con casi dos siglos de historia. ¿A qué obedece un sospechoso pacto entre dos partidos que difícilmente se ponen de acuerdo en lo básico? ¿Podrían darse aún mas recortes que afecten directa o indirectamente a la ciudadanía en un Estado que ha perdido el horizonte y que está en una profunda crisis moral, institucional, política, y económica? ¿Qué necesidad hay de plantear recortes sobre Derechos consolidados- amparados ya por el poder Judicial? ¿Se pretende politizar y disfrazar una democracia que sólo ampara al más fuerte frente al débil?[/align]

El Derecho fundamental de reunión queda a su vez recogido o desarrollado en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles, aprobada en 2007 y apoyada por el PSOE. Cuatro años después, hacen todo lo contrario a la vista de que los Tribunales no les dan la razón. Esta claro que si el poder Judicial no les otorga la razon que pretenden, lo facil, no por ello menos “pueril” y “dictatorial”, es cambiar la norma ya interpretada para que esta pueda ser reinterpretada. Bien decía Cicerón: “NO HAY MAYOR INJUSTICIA QUE BUSCAR PREMIO EN LA JUSTICIA”. El caso es tener razón y si no me la dan los Tribunales, me “fabrico” una propia.

SEÑORES DEL PP Y DEL PSOE: pedir una jornada laboral digna para los guardias civiles que se dejan la vida en las calles, un Catálogo de Puestos de Trabajo regulado en igualdad de condiciones al resto de la Administración General del Estado, equipararnos en derechos y obligaciones al resto de cuerpos policiales ¿ES PARA USTEDES EL VERDADERO PROBLEMA? El verdadero problema de este País es el paro que acorrala y ahoga a los millones de familias, el verdadero problema es la falta de creación de empleo, el verdadero problema es no dejar que los que deben ser iguales lleguen a los mejores puestos a través de condiciones de mérito y de capacidad, el verdadero problema es el terrorismo, la falta de seguridad de las calles y la mediocridad en tantos y tantos lugares.

TODO ELLO PODRÍA RESOLVERSE A TRAVÉS DE LÍDERES IGUAL DE DIGNOS QUE EL PUEBLO ESPAÑOL, LÍDERES QUE REFLEJEN EL SENTIR DE LOS ESPAÑOLES: “LA GUARDIA CIVIL ES EL CUERPO MAS QUERIDO POR LOS CIUDADANOS, ESA ES NUESTRA MEJOR CONDECORACIÓN Y LA VERDAD”.

Ustedes, se alejan de un sentir demostrado y demostrable y nos “premian” con un fraude en toda regla: quitarnos el derecho a expresarnos libremente y manifestarnos pacíficamente, como cualquier ciudadano. Un derecho que tiene garantizado, inclusive, todo maleante que se aparta de las Leyes.

Mientras la Tiniebla se extiende, muchos somos los que, empecinados, seguiremos del lado de los ciudadanos y de los más débiles. Huelga decir que acudiremos al amparo del poder judicial en defensa de los intereses de los Guardias Civiles y en defensa de los ciudadanos de este país a los que, por supuesto, seguiremos sirviendo con orgullo y honor.

“La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura.”

[align=center]En Madrid, a 5 de Julio de 2011.



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Los guardias civiles acuden a los tribunales para que les dejen manifestarse

efe / madrid

Día 06/07/2011 - 12.46h

Las principales asociaciones de guardias civiles han criticado la enmienda pactada este martes por el PSOE y el PP en el Senado que prohíbe manifestarse a los agentes. En concreto, la Unión de Oficiales (UO) ha anunciado que acudirá a los tribunales para recurrir una decisión que «cercena» derechos fundamentales.

Desde 2007, los agentes del instituto armado podían organizar y participar en manifestaciones siempre que no tuvieran carácter político o sindical, limitación que ahora se amplía a las convocatorias de carácter «reivindicativo», al igual que sucede con los miembros de las Fuerzas Armadas.

Tras la aprobación de este enmienda, la UO ha alertado de que limitar los derechos de los que ya disfrutaban los guardias civiles repercutirá en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos y ha avanzado que acudirá al amparo del poder judicial en defensa de los intereses de los agentes.

En un comunicado, la UO ha criticado que cuatro años después de la aprobación de la Ley de Derechos y de Deberes de los Guardias Civiles, el PSOE y el PP hayan modificado la norma para restringir un derecho que ya tenían reconocido.

«El caso es tener razón, y si no me la dan los tribunales, me 'fabrico' una propia», denuncia la UO, que lamenta que al mismo tiempo que se cercenan derechos de los guardias civiles se legalicen partidos próximos a ETA y se margine a las víctimas del terrorismo. «Todo ello podría resolverse a través de líderes igual de dignos que el pueblo español, líderes que reflejen el sentir de los españoles», subraya.

En esta misma línea, la Unión de Suboficiales y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han destacado que PSOE y PP, «incapaces» de renovar el Tribunal Constitucional o de «expulsar a los etarras» de las instituciones, se hayan puesto de acuerdo para prohibir el derecho de manifestación de los agentes.

«Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, pero más les valdría a nuestros políticos intercambiar sus fluidos corporales para sacar a España de la crisis y mejorar nuestras numerosas carencias en vez de convertirnos en ciudadanos de segunda», afirman.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, ha responsabilizado directamente al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba («un pijo que va de rojo y con ansias de poder ilimitadas») de dar un «golpe de estado institucional» para «hurtar» a los agentes el derecho de reunión, ratificado en varias sentencias judiciales.

FUENTE: ABC
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