Policías y guardias civiles amenazan a Rubalcaba con una huelga encubierta



“Tal y como esta la economía, ya llegamos tarde a la negociación”, expresa tajante Alfredo Perdiguero, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP). Unidos en la adversidad, los cinco sindicatos que representan a los cuerpos y fuerzas de seguridad el Estado (CEP, SUP, UFP, SP y SC) se reúnen este miércoles con el ministro para presentarle un documento-base que fija las líneas generales de la negociación, que debe comenzar “urgentemente” para llegar a un acuerdo que se pueda incluir en los próximos presupuestos.

Y es que, mientras el conflicto de los funcionarios de Justicia ha terminado con un incremento salarial de 190 euros mes (exigían 200), los sindicatos policiales no han hecho más que empezar lo que amenaza con ser una dura negociación con el Ministerio del Interior que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Una reivindicación histórica abordada sin éxito durante la pasada legislatura y que ha cobrado un nuevo impulso tras las huelga de los funcionarios. “El programa del PSOE ya se comprometía en el 2004 a la equiparación salarial con las policías autonómicas y hemos acabado la legislatura con unas diferencias aún más grandes”, señala Perdiguero.

El agravio afecta a 130.000 agentes de la policía nacional y la guardia civil, que cobran de media 500 euros menos que un mosso o un ertzaina. Y según explica José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), “las diferencias aumentan en los niveles superiores hasta 750 euros”. Incluso hay diferencias salariales de calado dentro del propio Cuerpo Nacional de Policía según en qué comunidad autónoma se trabaje. “Esto no se puede sostener. El Gobierno sabe que no puede tener así a los policías”, explica Sánchez Fornet, “con que no nos ponga a un ministro como Bermejo para empezar a negociar nos conformamos”, añade.

Amenaza de colapso

Policías y guardias civiles tienen prohibido manifestarse y, en su defecto, vaticinan medidas de conflicto si el Ministerio no atiende pronto sus reclamaciones salariales. En concreto, sindicatos como el SUP anuncian una especia de huelga encubierta o lo que ellos llaman “trabajar a reglamento” y que, en la práctica supondría un colapso burocrático en las comisarías españolas que haría repuntar las estadísticas de delitos.

Esto supondría aplicar estrictamente las normas, como explica Sánchez Fornet: “Por ejemplo, se atendería a los ciudadanos de uno en uno cuando vayan a poner una denuncia y no de tres en tres como se hace ahora para aligerar las colas. O en los aeropuertos se exigirá el pasaporte a todos los pasajeros y no a unos cuantos elegidos al azar”. Aunque desde UFP se barajaran otros posibilidades más agresivas. “Cuando hemos trabajado a reglamento es cuando más estadística se ha hecho y cuanto más contenta ha estado la Dirección General de la Policía”, alega Perdiguero. “Habrá que estudiar otras medidas de presión porque eso es tirarnos piedras contra nosotros mismos”.

Los sindicatos esperan, no obstante, que la sangre no llegue al río y que, tras años de reclamaciones históricas, reciban al fin su justa recompensa. Por un lado por la sensibilidad que ha generado el conflicto con los funcionarios de Justicia y, por otro, porque por primera vez los cinco sindicatos policiales reman en la misma dirección desde el principio.

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