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NOTICIA
 
24-05-2015 - Prensa Varia - Union de Oficiales

Querella de guardias civiles contra Alberto Garzón
La Unión de Oficiales lleva al líder de IU al Tribunal Supremo por injurias y calumnias al decir que los guardias civiles asesinan inmigrantes
 
Querella de guardias civiles contra Alberto Garzón
"Mientras el Gobierno mandaba a la Guardia Civil asesinar inmigrantes en la frontera de Melilla, aprobaba una normativa para otorgar el permiso de residencia inmediatamente a extranjeros que comprasen una vivienda de más de medio millón de euros". Esta declaración política cayó como una bomba en el seno de la Casa verde. La indignación fue mayúscula. Porque quien pronunció estas palabras es el candidato de Izquierda Unida a La Moncloa y ocupa un escaño en el Parlamento español.

La Dirección General de la Guardia Civil anunció acciones legales contra Alberto Garzón. Pero quien ha dado ya el primer paso es una asociación profesional, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Esta semana ha presentado una querella criminal contra él ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Garzón es parlamentario y tiene la condición de aforado, por lo que cualquier actuación contra él debe resolverla el alto tribunal.

Los oficiales de la Guardia Civil han presentado la querella «por delito contra las instituciones del Estado: por incurrir o proferir injurias y calumnias contra el Gobierno de la Nación y, a la vez, injuriar gravemente a la Institución y a los miembros del cuerpo policial más querido por los ciudadanos», apunta el texto de la denuncia que obra en poder de este periódico.

La asociación aglutina a la mitad de los mandos del Instituto Armado y es la primera que da el paso de llevar este asunto ante los tribunales, pese a que ello les puede suponer afrontar una fianza ante el Supremo para poder convertirse en acusación. Pero sus responsables entienden que, pese al perjuicio económico que pueda causarles, el asunto es grave.
 
Desde la Dirección General, su director, Arsenio Fernández de Mesa, anunció también acciones judiciales contra Garzón. De momento ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Guardia Civil. Las conclusiones de los expertos han sido remitidas ya a la Fiscalía General del Estado para que sea ésta la que presente la denuncia que corresponda contra el líder de IU.

En la querella de la Unión de Oficiales se indica: "Los guardias civiles cumplen con un juramento: servir a los ciudadanos y cumplir con las leyes que nos unen en sociedad. Los guardias civiles no tienen por qué soportar la actividad injuriosa. Aún menos, de un representante de la Nación". El texto rechaza asimismo en tono ofendido los calificativos de Garzón. "Asesino es propio de delincuentes combatidos por este Cuerpo, dicha acusación frente a sus miembros y frente al Gobierno no puede ser más ofensiva, insultante o deshonrosa". La Unión de Oficiales de la Guardia Civil incluye en la querella una referencia al mundo proetarra. "De la utilización del vocablo 'asesino', 'mandar asesinar' -indica- no se desprende una crítica, aunque se califique, como se viene haciendo, desde entornos radicales como el mundo pro etarra la actuación de la Guardia Civil o representantes del Gobierno; sino más bien un afán de vilipendiar, difamar gravemente".

La asociación querellante entiende que la inmunidad de los diputados "cubre exclusivamente los actos propios de la función parlamentaria, pero no protege contra los actos que permanecen al margen de aquella función, tales como los escritos en prensa, las agresiones, las palabras pronunciadas fuera de la Cámara y, menos aún, las manifestaciones-declaraciones que denunciamos". La Unión de Oficiales reclama la declaración de Garzón y quiere que los medios que publicaron la noticia aporten sus soportes documentales (vídeos, audios...).

Asimismo, reclama al Supremo que fije una fianza a Garzón de 15.000 euros "al objeto de cubrir las responsabilidades pecuniarias dimanantes de esta causa". Ahora, es el Supremo quien tiene la última palabra. "Lamentamos profundamente que se utilice nuestro trabajo y nuestra dedicación por y para los ciudadanos como arma arrojadiza en política. Le recordamos al Gobierno que quien no persigue el mal y lo consiente, comete un acto de deslealtad más grave que el delito que se haya podido cometer", apunta el portavoz de esta asociación, Jesús Martín Vázquez.

Fuente: El Mundo
 
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