Trasladamos para su oportuno conocimiento, y para que puedan presenciarlo los medios de comunicación que lo deseen, que mañana día 20 de octubre de 2008, a las 17.00 horas, en el Registro General de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla (Madrid), se va a proceder a la interposición del escrito de denuncia y pruebas documentales, en la que se solicita la imputación como presunto autor de un delito de amenazas / coacciones al ejercicio de un derecho fundamental, del Excmo. Sr. Director General de la Policía y de la Guardia Civil, D. Francisco Javier Velázquez.

Dicha petición penal, en representación de la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO), con socios de las cuatro escalas de Oficiales, es firmada por el Sr. Presidente de la Asociación, Sr. García Ruiz, y por la letrada de nuestros servicios jurídicos, Sra. García Villanueva, colegiado nº 64.454 .

Junto a la citada solicitud de imputación, se incorporan para prueba documental, escritos oficiales, declaraciones vertidas por responsables del Ministerio del Interior, comunicados de prensa de asociaciones/sindicatos, informes hechos públicos por nuestra asesoría jurídica, etc.

Aunque pueda tenerse el convencimiento moral de que las coacciones realizadas han sido impulsadas y diseñadas desde más altos responsables de interior, en materia penal se impone probar todas las acusaciones, y por ello, entendemos como responsable de los hechos al Sr. Velázquez firmante del escrito en el que ordena la prohibición de asistir al acto. De obtenerse nuevos documentos o testimonios que permitan ampliar nuestra solicitud de imputación penal, se dará traslado al Juzgado competente que esté conociendo de la causa.

La Junta Directiva de UO, ha considerado que hacer frente a la fianza que exige interponer querella criminal supondría una carga excesiva para la organización, dada su reciente creación, por lo que teniendo en cuenta que al consistir el hecho denunciado en un presunto delito de carácter público y que ha tenido la suficiente trascendencia social, surte igual efecto el trámite procesal de la denuncia penal.

No obstante, y en previsión de que la Fiscalía no quiera apoyar en los Tribunales un procesamiento penal de los cargos políticos que decidieron y materializaron las coacciones y amenazas que ahora denunciamos, los servicios jurídicos de la UO, se plantearán otras posibilidades, como preparar otra demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con carácter preferente y sumario, por tratarse del Derecho Fundamental de Manifestación, para que anule la que consideramos una ignominiosa circular de coacciones preventivas que se hizo llegar a todos los Guardias Civiles. En materia de Derechos Fundamentales, se podrá acudir incluso hasta el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si en las primeras instancias no se reconoce la gravedad de la consumada limitación de Derechos.

Desde la UO esperamos contar con Asistencia Jurídica especializada en la Defensa de los Derechos Fundamentales, pues semejante vulneración de los derechos básicos de 73.000 ciudadanos, no puede quedar impune.