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Gema Conde es diputada por Burgos, de 39 años. Es Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, especialidad en estudios internaciones, completando su formación con el programa de Doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense así como con diversos cursos especializados. Profesora Asociada de la Universidad de Burgos, en la que es doctoranda. Conde ha sido concejal, teniente de alcalde y viceportavoz en el Ayuntamiento de Burgos. Es miembro de la Junta Directiva Nacional del PP, del Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castila y León y del Comité de Dirección del PP de Burgos.
Pero ¿por qué despierta esta diputada el interés de los guardias civiles?
El pasado 21 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó y remitió a las Cortes el proyecto de Ley de Personal de la Guardia Civil, habiendo conferido la Mesa del Congreso competencia legislativa plena a la Comisión de Interior de la que Gema Conde forma parte. Y no solo eso sino que el grupo parlamentario Popular la ha designada ponente.
Su papel no va a ser fácil, pues todos la miran como la mujer que encargada de buscar fórmulas que modifiquen y mejoren el contenido de un proyecto de Ley que organizaciones como la Unión de Oficiales (UO) o la Unión de Suboficiales (USGC) han calificado de despropósito, aberrante y humillante.
El gran problema que presenta el proyecto de Ley es la integración de las escalas de oficiales en una nueva y única escala. Pero el 70% de los oficiales, que son los procedentes de promoción interna, no comparte la solución que pretende darle el proyecto de Ley, pues supone un desprecio a su formación, a su experiencia y al trabajo que vienen desempeñando día a día y que han desarrollado durante años. Situación que se agrava para aquellos que deban permanecer en una escala a extinguir sin expectativas profesionales.
Según el proyecto que se tramita en las Cortes y del que Gema Conde será ponente, todos los oficiales de acceso directo, es decir, aquellos que recibieron parte de su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, se integrarán de forma automática en la nueva escala. Por el contrario, los demás oficiales (el 70%) solo lo pueden hacer una vez que hayan conseguido, como mínimo, el empleo de capitán y superen un curso que habrá de tener como mínimo una carga lectiva de 60 créditos (un año). Sin embargo, unos y otros ejercen las mismas funciones, responsabilidades y destinos.
La justificación es que para ingresar en esa nueva escala sería necesario tener un título de Grado y los oficiales de promoción interna solo son diplomados, por lo que tienen que “añadir” un curso complementario de un año para obtener un título de Grado.
Sin embargo según la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2014, con ocasión del mismo proceso de integración vivido en las Fuerzas Armadas, para los que ya son oficiales, es posible la integración pese a no tener un título de Grado, pues el Tribunal ha anulado que los cursos que realizaron los militares tengan equivalencia de Grado pero no ha anulado la integración de esos militares, en tanto los cursos, dice el Constitucional, sumados a la experiencia, les proporcionaron los conocimientos necesarios para el desempeño de la funciones encomendadas.
La particularidad en la Guardia Civil es que, en actualidad, unos y otros oficiales vienen desempeñando las mismas funciones. Entonces, ¿qué finalidad tendría el curso sino dificultar la integración en la nueva escala a aquellos que no hayan pasado por la Academia General Militar? ¿Cómo se podrá justificar un gasto público con esa finalidad?
Este es el dilema al que se enfrentará Gema Conde y su grupo parlamentario, si propone enmendar la Ley con una solución satisfactoria para todos los oficiales o si por el contrario da por bueno un proyecto de Ley que otorga carta de naturaleza a lo que muchos califican como un auténtico apartheid entre los oficiales de la Guardia Civil.
UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL
