La Guardia Civil admite ignorar la seguridad de cuarteles

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[align=justify]ATENTADO DE PALMANOVA

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) quiere hacer público que, tras tener conocimiento de lo publicado en el diario 20minutos, en su edición del viernes 29 de agosto de 2011, en relación a la seguridad en los acuartelamientos de la Guardia Civil, ha encargado a sus servicios jurídicos el análisis de las responsabilidades que pudieran concurrir en las autoridades de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior y el ejercicio de las acciones penales que en su caso procedan.

Informa 20minutos que tras los atentados de Burgos y Palmanova (el último costó la vida a dos ciudadanos- miembros del Cuerpo) en julio de 2009, la Dirección General de la Guardia Civil solicitó información a cada acuartelamiento sobre los medios de seguridad con los que contaban, como circuitos de videovigilancia (CCTV), a efectos de confeccionar una base de datos fiable y actualizada. ¿Cómo podía el Ministerio o la Dirección General valorar si los medios de seguridad son o no adecuados si ni tan siquiera sabían con certeza con qué medios de protección se contaba? ¿Esa es la verdadera preocupación del Ministerio del Interior por los guardias civiles?

Resulta incomprensible y de una irresponsabilidad difícil de describir que, pese a número de víctimas y atentados que acumula la Guardia Civil, el Ministerio y la Dirección General, en pleno 2009, no tuviese un exacto, minucioso y detallado conocimiento de los medios de seguridad con los que contaba cada acuartelamiento.

Que la Dirección General y el Ministerio desconociesen los medios y, en consecuencia, las necesidades en materia de seguridad de cada acuartelamiento es una irresponsabilidad de tal calibre que debería provocar de inmediato dimisiones o destituciones en el seno del Ministerio del Interior.

La normativa de prevención de riesgos laborales es aplicable a la Guardia Civil, en concreto la Ley 31/1995 desarrollada mediante Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Entre los principios de la prevención se encuentra la de evitar los riesgos y reducir aquellos que no se pueden evitar. Para esa reducción de riegos la normativa aplicable obliga a evaluar los puestos de trabajo y, en función del resultado obtenido, adoptar medidas que eliminen o reduzcan el riesgo.[/align]

El artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el derecho de todos los trabajadores a una protección eficaz, en materia de seguridad, que se convierte en deber para empresarios y Administraciones Públicas con respecto a los trabajadores a su servicio. En su apartado segundo, establece que “En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a s u servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.”

El apartado séptimo, del artículo cuarto de la Ley de Prevención establece que se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición:

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

El RD 486/97, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establece en el artículo 3 que el empresario [Administración] deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo,

entendiéndose por lugar de trabajo, según el artículo segundo, las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón
de su trabajo así como las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos.

El Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, establece en su artículo primero que tiene por objeto promover la seguridad y salud del personal de la Guardia Civil y adaptar las medidas de la Directiva 89/391 CEE del Consejo y por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales a las peculiaridades de la Guardia Civil. Establece dicho artículo que a tal efecto, su contenido se inspira en los principios relativos a:

a) La planificación de la prevención, b) la eliminación o disminución de los factores de riesgo.

Unión de Oficiales (UO) no pretende desvirtuar la responsabilidad de los asesinos de ETA que colocan las bombas. Los terroristas son los que matan, pero eso no impide exigir otro tipo de responsabilidades.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil tenían y tienen la
obligación de evaluar los riesgos existentes para los guardias civiles –los atentados son un riesgo más que evidente- y adoptar medidas que eviten o reduzcan ese riesgo.

Sin embargo, al parecer, las autoridades responsables han hecho dejación absoluta de sus responsabilidades, hasta el límite de desconocer con qué medios de seguridad cuenta cada acuartelamiento, como ha publicado 20minutos.

Los hechos relatados podrían dar lugar a un delito contra la seguridad de los trabajadores sin perjuicio del resultado final: la muerte de dos ciudadanos- miembros del Cuerpo, ante lo que la Unión de Oficiales (UO) planteará las actuaciones judiciales oportunas contra los presuntos responsables.

Por último, Unión de Oficiales (UO) quiere recordar que, tras los atentados de julio de 2009, planteó al Ministerio del Interior la creación de un “Observatorio” encargado de la valoración de la calidad en la implantación y aplicación de planes, sistemas y protocolos de seguridad en el ámbito interior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicha propuesta, a día de la fecha, no ha sido atendida por el Ministerio del Interior.

Sin duda, con un organismo de análisis y control como el propuesto por la Unión de Oficiales (UO) se evitarían situaciones tan esperpénticas y deleznables como que quienes deben dotarnos de medios, en nuestro servicio a los ciudadanos, ni tan siquiera sepan con qué medidas de seguridad cuenta cada acuartelamiento de la Guardia Civil y, en consecuencia, cuáles son las necesidades de seguridad.

[align=center]Madrid, 29 de julio de 2011.

UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL
Área de Comunicación - Prensa
prensa@unionoficiales.org – www.unionoficiales.org
Ptvoz: D. Jesús Martín Vázquez 639.47.84.16
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Este es el artículo de prensa de referencia

La Guardia Civil admitió ignorar la seguridad de sus cuarteles

Tras el atentado de 2009 en Palma, que dejó dos agentes muertos, la institución reconoció en un escrito no saber qué instalaciones tenían cámaras.

El 70% de los cuarteles no puede garantizar un servicio de 24 horas.

DAVID FERNÁNDEZ. 29.07.2011 - 07.15h

El 30 de julio de 2009 (mañana harán dos años), a las 13.50 horas, una bomba lapa adosada a los bajos de un Nissan Patrol de la Guardia Civil acababa con la vida de sus dos ocupantes: los agentes Carlos Sáenz de Tejada (28 años) y Diego Salva Lezaún (27 años). El atentado se produjo junto al cuartel de la Benemérita en Palmanova, en el municipio mallorquín de Calvià.

ETA pudo colocar la bomba porque el vehículo siempre 'dormía' en la calle y el cuartel no disponía de cámaras de vigilancia. Un día después del atentado, varias comandancias pidieron por escrito a la sección de Logística del Estado Mayor de la Guardia Civil que se instalaran circuitos cerrados de televisión en muchos de los acuartelamientos que carecían de ellos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso 20 minutos, el 3 de agosto el Estado Mayor respondió "que por el momento no es posible acceder a los peticionado debido a las restricciones presupuestarias".

El miedo había hecho mella en las comandancias, que eran conscientes de los vulnerables que eran muchos cuarteles y de la facilidad que habían tenido los terroristas para atentar en Palma. Días después, el 12 de agosto de 2009, el Estado Mayor reconocía en un escrito que no estaba al tanto de las medidas de seguridad de sus cuarteles.

Por ello, pedía a todas las comandancias que remitieran antes del 12 de septiembre una relación de los acuartelamientos que disponían de cámaras de seguridad "con la finalidad de disponer de una base de datos fiable y actualizada". También pedía la relación de cuarteles que tenían "calabozos y otras medidas de seguridad".
Más de 3.000 cuarteles

Es decir, en agosto de 2009, un mes después del atentado de Palma y tras 40 años de lucha antiterrorista, la cúpula de la Benemérita reconocía desconocer las medidas de seguridad de sus instalaciones y sus necesidades entonces.

Este diario ha podido saber que en la actualidad solo 1.007 cuarteles tienes circuitos cerrados de TV, claves para vigilar el perímetro de los acuartelamientos. El resto, más de 2.000, no los tienen (hay 3.140 acuartelamientos).

"Y en el 8% de los que sí lo tienen el sistema presenta anomalías o está defectuosos", señalan fuentes solventes. Más datos preocupantes. Además, solo el 37% de los cuarteles tienen un área de seguridad perimetral. Es decir, que el resto no cuenta con la adecuada señalización para prohibir el estacionamiento de vehículos ajenos en su perímetro. No hay que olvidar que un día antes del atentado de Palma, ETA colocó una potente furgoneta bomba en la casa cuartel de Burgos. Hubo cerca de 70 heridos.
Sin poder abrir 24 horas

El 70% de los cuarteles no puede garantizar un servicio de 24 horas debido a su reducida plantilla. La orden de la dirección general es que permanezcan siempre abiertos lo que tengan un depósito de armas o sean puesto principal. Para el resto de fija un servicio de al menos cinco días a la semana en un turno.

FUENTE: 20minutos

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ENFADO EN LA GUARDIA CIVIL

PUBLICADO 29 julio, 2011

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha anunciado que se querellará contra las autoridades de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior que, “siendo garantes de la seguridad” fallaron en proteger de manera eficaz “a sus trabajadores”, y en definitiva “a los ciudadanos”, explica Martín. La querella se presentará por un delito contra la seguridad de los trabajadores con resultado de muerte.
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“No vamos a tolerar ninguna situación esperpéntica y deleznable, nos jugamos la vida en la lucha antiterrorista”. Jesús Martín Vázquez, portavoz y abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) se explicaba así. “Nuestros servicios jurídicos están trabajando para exigir responsabilidades, caiga quien caiga”, continúa.

Para la Unión de Oficiales “resulta incomprensible y de una irresponsabilidad difícil de describir que, pese al número de víctimas y atentados que acumula la Guardia Civil, el Ministerio y la Dirección General, en pleno 2009, no tuviese un exacto, minucioso y detallado conocimiento de los medios de seguridad con los que contaba cada acuartelamiento”.

“UO remitió dos escritos, el 31 de julio de 2009 y el 8 de enero de 2010, al presidente Zapatero y el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para denunciar las medidas de seguridad extremadamente deficientes con las que contaban las instalaciones, pero se hizo caso omiso”, explica Martín, para quien “con 50 millones de euros” se habrían solucionado las necesidades básicas.

Con su querella, los oficiales, sin embargo, no pretenden “restar responsabilidad a los asesinos de ETA, que son los que colocan las bombas”, pero sí insisten en que son exigibles “otro tipo de responsabilidades” a los superiores que mostraron “una dejación absoluta” en adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus agentes.

FUENTE: Mundodigital