El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a Francia, cinco meses después desde que lo hiciera Baltasar Garzón, la documentación relativa a las llamadas de la cabina que supuestamente alertaron a ETA sobre una operación policial contra su red de extorsión en mayo de 2006.
De esta forma, el magistrado, que se incorporó la semana pasada a la Audiencia Nacional, accede a la petición que la asociación Dignidad y Justicia reclamó en junio al juez Santiago Pedraz, que sustituía a Garzón después de que éste fuera suspendido cautelarmente de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 14 de mayo.
La asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, hizo esta petición ante la falta de respuesta por parte de las autoridades francesas que mantiene "paralizado" el procedimiento.
Este es el primer trámite que practica el magistrado Pablo Ruz, asumiendo así una de las causas que Garzón dejó inconclusa en su juzgado, y reiterará dicha petición a través de los jueces de enlace entre Francia y España.
El pasado 16 de febrero, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pidió a la Policía que le facilitara los datos de la cabina desde la que telefoneó el dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosua, así como que informara sobre si estaba intervenida, y si existía una relación de llamadas entre el propietario del local y Cau Aldanur, miembro del aparato de extorsión de ETA.
Además, Garzón, que también reclamó las transcripciones de las llamadas desde el teléfono móvil de Elosua, cursó comisión rogatoria a Francia una vez recibido el informe de la Policía para que las autoridades galas le informaran sobre si existía algún análisis de las llamadas realizadas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006.
¿Hubo filtración?
Por último, el magistrado preguntó a Francia si el motivo de suspender su intervención en la operación policial contra la red de extorsión de ETA desarrollada el 4 de mayo de 2006 "tuvo por motivo una filtración".
Garzón practicó estas diligencias después de que se lo ordenara la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que accedió a la petición de Dignidad y Justicia al considerar que es necesario "agotar la investigación hasta los extremos que sean necesarios".
http://ecodiario.eleconomista.es/espana ... meses.html
EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Menos mal, pensaba que sólo nos acordábamos nosotros, los de siempre, los perjuidicados realmente. Veremos en qué queda.
Última edición por verdeber el 15 Jul 2010, 01:21, editado 1 vez en total.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Repito lo de un post mío anterior,...que destapen la olla,...que al menos antigüamente,...se han guisado muchos "Faisanes" ahí dentro.
A ver si van apareciendo de una vez los "cocineros".
Un saludo.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
La juez Le Vert acelerará la comisión rogatoria sobre el 'chivatazo' a ETA
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... vatazo-eta
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... vatazo-eta
Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Por aquí estamos esperando que al menos una vez se descubra CASI la verdad de lo que ocurrió aquel fatídico día.
Ya veremos si el "casi" no tenemos que cambiarlo.
Ya veremos si el "casi" no tenemos que cambiarlo.
Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
esta noche a las 22 horas en intereconomia tv, ponen un documental sobre el caso faisán, parace interesante
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Si, parecerá interesante, pero no desvelará lo que ha habido y hay sobre el "Vuelo en el Faisán",...Años ha que ya era una zona ecológica para el vuelo de los "Faisanes". Espero que algún día se sepa la verdad de esta "Zona protegida ".
Un saludo.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
¿Quién ordenó el chivatazo?
08:16 (22-09-2010) | 14
¿Quién ordenó el chivatazo del bar Faisán? ¿Por qué se desbarató la operación policial que pretendía dar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA? Para responder a estos interrogantes resulta imprescindible hacer memoria de cómo se gestó el alto el fuego decretado por ETA el 22 de marzo de 2006.
Jaime Ignacio del Burgo.- A lo largo de 2005 la banda terrorista, bajo los auspicios de Arnaldo Otegi, llevó a cabo conversaciones con Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos, para establecer las bases de un acuerdo entre ETA y el Gobierno para abrir un proceso de negociación que pusiera fin de forma definitiva a la violencia terrorista. Eguiguren contaba con la autorización del presidente Zapatero. El interlocutor etarra era José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera.
El 21 de junio de 2005, a orillas del lago Leman, se vieron las caras Eguiguren y Ternera. Ambos habían coincidido varios años en el Parlamento de Vitoria hasta que en 2002 el diputado etarra decidió pasar a la clandestinidad. El 14 de julio alcanzaron un primer acuerdo, cuya efectividad quedaba supeditada a la aceptación del Gobierno y de la dirección de ETA. El acuerdo definitivo se alcanzó en Oslo en febrero de 2006 tras superar los últimos escollos. El proceso de paz había comenzado.
El primer paso habría de darlo ETA mediante la declaración de un alto el fuego permanente. La siguiente ficha habría de moverla Zapatero, con el anuncio de la apertura de conversaciones para el final dialogado de la violencia en los términos pactados. Se constituirían dos mesas de negociación. En la primera los representantes del Gobierno y de ETA tratarían de lo que en la jerga terrorista se denomina desmilitarización (que incluye el desarme, la excarcelación de los presos, la reparación a las víctimas, la retirada de las fuerzas represivas, etc.). En la segunda tomarían asiento los representantes de los partidos y demás agentes políticos, económicos, sociales y sindicales del País Vasco. En esta última se acordaría un nuevo marco político para Euskal Herria, que sería reconocida por el Gobierno como realidad lingüística, histórica, cultural y sociopolítica.
Antes de iniciar una aventura tan arriesgada, el presidente Zapatero había tomado la precaución de recabar la autorización del Congreso para poner en marcha el “final dialogado” de ETA en el caso de que la banda demostrara “inequívocamente” su voluntad de poner fin a su actividad criminal. Con el voto en contra del PP, el Congreso le dio su respaldo en mayo de 2005. El 4 de mayo era el día en que estaba previsto recibiera en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, cuyo apoyo lo daba por descontado pues los nacionalistas habían sido informados desde un principio de los contactos con ETA y se habían comprometido a participar en una negociación a tres bandas –PSOE, PNV y Batasuna– para acordar en secreto las bases políticas del acuerdo político antes de reunir formalmente a la mesa de partidos.
En el acuerdo de Oslo había un punto de singular importancia. Según el acta de la reunión publicada por ETA (que “nunca miente”, según decían los socialistas el 12 de marzo de 2004 al conocer que la banda había desmentido su participación en la masacre del 11-M), el Gobierno español había asumido el compromiso de que “la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza y la Policía francesa no realizarían ninguna detención”. El propio Eguiguren ha reconocido la existencia de este acuerdo, aunque afirma que consiguió introducir la salvedad de que no habría detenciones “en la medida de lo posible”. Llegamos así al escándalo del Faisán. Mientras todo lo anterior se desarrollaba entre bastidores, la Policía judicial, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, estaba a punto de asestar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA. Los investigadores habían llegado a la conclusión de que el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, sito en Irún, se había convertido en la oficina de recaudación del “impuesto revolucionario”. Pero había algo más. Se había descubierto que en estrecha colaboración con Elosua actuaba Gorka Aguirre, histórico dirigente del PNV, sobrino del primer lehendakari vasco y yerno de Luis María Retolaza, todopoderoso ex consejero de Interior del gobierno vasco entre 1980 y 1988. La Policía conocía que el día 4 de mayo iba a producirse una reunión en el Faisán entre Elosúa, Aguirre y un emisario de ETA, donde se haría entrega a la banda de una importante cantidad de dinero. Grande-Marlaska ordenó coger a los implicados in fraganti. A tal fin, la Policía había dispuesto un importante operativo policial.
La noticia de esta intervención llegó pronto a la cúpula del Ministerio del Interior. Fácil es de comprender lo que ocurrió. Ante la imposibilidad de parar la acción de la justicia, los responsables de Interior –y nadie puede creer que en un asunto de tanta gravedad no intervinieran sus máximos responsables políticos– decidieron que la única manera de evitar el desastre era invocar la razón de Estado y dar el chivatazo directamente a ETA. Craso error
¿Qué quién ordenó el chivatazo? No hace falta ser muy listo para imaginarlo. Esperemos que hable pronto la Justicia. Por fortuna, ya no está el juez Garzón para impedir que conozcamos la verdad, algo que hizo durante el tiempo que la querella de Manos Limpias estuvo en sus manos
Intereconomia
08:16 (22-09-2010) | 14
¿Quién ordenó el chivatazo del bar Faisán? ¿Por qué se desbarató la operación policial que pretendía dar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA? Para responder a estos interrogantes resulta imprescindible hacer memoria de cómo se gestó el alto el fuego decretado por ETA el 22 de marzo de 2006.
Jaime Ignacio del Burgo.- A lo largo de 2005 la banda terrorista, bajo los auspicios de Arnaldo Otegi, llevó a cabo conversaciones con Jesús Eguiguren, presidente de los socialistas vascos, para establecer las bases de un acuerdo entre ETA y el Gobierno para abrir un proceso de negociación que pusiera fin de forma definitiva a la violencia terrorista. Eguiguren contaba con la autorización del presidente Zapatero. El interlocutor etarra era José Antonio Urruticoechea, alias Josu Ternera.
El 21 de junio de 2005, a orillas del lago Leman, se vieron las caras Eguiguren y Ternera. Ambos habían coincidido varios años en el Parlamento de Vitoria hasta que en 2002 el diputado etarra decidió pasar a la clandestinidad. El 14 de julio alcanzaron un primer acuerdo, cuya efectividad quedaba supeditada a la aceptación del Gobierno y de la dirección de ETA. El acuerdo definitivo se alcanzó en Oslo en febrero de 2006 tras superar los últimos escollos. El proceso de paz había comenzado.
El primer paso habría de darlo ETA mediante la declaración de un alto el fuego permanente. La siguiente ficha habría de moverla Zapatero, con el anuncio de la apertura de conversaciones para el final dialogado de la violencia en los términos pactados. Se constituirían dos mesas de negociación. En la primera los representantes del Gobierno y de ETA tratarían de lo que en la jerga terrorista se denomina desmilitarización (que incluye el desarme, la excarcelación de los presos, la reparación a las víctimas, la retirada de las fuerzas represivas, etc.). En la segunda tomarían asiento los representantes de los partidos y demás agentes políticos, económicos, sociales y sindicales del País Vasco. En esta última se acordaría un nuevo marco político para Euskal Herria, que sería reconocida por el Gobierno como realidad lingüística, histórica, cultural y sociopolítica.
Antes de iniciar una aventura tan arriesgada, el presidente Zapatero había tomado la precaución de recabar la autorización del Congreso para poner en marcha el “final dialogado” de ETA en el caso de que la banda demostrara “inequívocamente” su voluntad de poner fin a su actividad criminal. Con el voto en contra del PP, el Congreso le dio su respaldo en mayo de 2005. El 4 de mayo era el día en que estaba previsto recibiera en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, cuyo apoyo lo daba por descontado pues los nacionalistas habían sido informados desde un principio de los contactos con ETA y se habían comprometido a participar en una negociación a tres bandas –PSOE, PNV y Batasuna– para acordar en secreto las bases políticas del acuerdo político antes de reunir formalmente a la mesa de partidos.
En el acuerdo de Oslo había un punto de singular importancia. Según el acta de la reunión publicada por ETA (que “nunca miente”, según decían los socialistas el 12 de marzo de 2004 al conocer que la banda había desmentido su participación en la masacre del 11-M), el Gobierno español había asumido el compromiso de que “la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza y la Policía francesa no realizarían ninguna detención”. El propio Eguiguren ha reconocido la existencia de este acuerdo, aunque afirma que consiguió introducir la salvedad de que no habría detenciones “en la medida de lo posible”. Llegamos así al escándalo del Faisán. Mientras todo lo anterior se desarrollaba entre bastidores, la Policía judicial, a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, estaba a punto de asestar un golpe definitivo al aparato de extorsión de ETA. Los investigadores habían llegado a la conclusión de que el bar Faisán, propiedad de Joseba Elosua, sito en Irún, se había convertido en la oficina de recaudación del “impuesto revolucionario”. Pero había algo más. Se había descubierto que en estrecha colaboración con Elosua actuaba Gorka Aguirre, histórico dirigente del PNV, sobrino del primer lehendakari vasco y yerno de Luis María Retolaza, todopoderoso ex consejero de Interior del gobierno vasco entre 1980 y 1988. La Policía conocía que el día 4 de mayo iba a producirse una reunión en el Faisán entre Elosúa, Aguirre y un emisario de ETA, donde se haría entrega a la banda de una importante cantidad de dinero. Grande-Marlaska ordenó coger a los implicados in fraganti. A tal fin, la Policía había dispuesto un importante operativo policial.
La noticia de esta intervención llegó pronto a la cúpula del Ministerio del Interior. Fácil es de comprender lo que ocurrió. Ante la imposibilidad de parar la acción de la justicia, los responsables de Interior –y nadie puede creer que en un asunto de tanta gravedad no intervinieran sus máximos responsables políticos– decidieron que la única manera de evitar el desastre era invocar la razón de Estado y dar el chivatazo directamente a ETA. Craso error
¿Qué quién ordenó el chivatazo? No hace falta ser muy listo para imaginarlo. Esperemos que hable pronto la Justicia. Por fortuna, ya no está el juez Garzón para impedir que conozcamos la verdad, algo que hizo durante el tiempo que la querella de Manos Limpias estuvo en sus manos
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
TRIBUNALES | Declara secretos nueve de los 645 folios
El juez del 'chivatazo' sólo deja al fiscal ver íntegra la información de Francia
* De su contenido podría 'derivarse' diligencias para el 'total esclarecimiento'
* Deja en manos del fiscal si procede practicar 'alguna diligencia' más
Europa Press | Madrid
Actualizado viernes 14/01/2011 18:23 horas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado que sólo el fiscal pueda acceder íntegramente a la documentación remitida por la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert sobre el supuesto chivatazo a ETA que se habría producido en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
En un auto dictado este viernes, el magistrado acuerda incorporar a la causa los 645 folios que fueron remitidos por la juez Le Vert, una vez que han sido traducidos al español, y establece el secreto parcial por el plazo de un mes prorrogable para 9 de ellos, que sólo podrán ser conocidos por el Ministerio Público.
El juez adopta esta decisión para que el fiscal de la causa, Carlos Bautista, le informe "si estima procedente la práctica de alguna diligencia de investigación" en función del contenido de los folios 4 a 12 de la comisión rogatoria.
Una vez que el Ministerio Fiscal presente su informe, las diez carpetas que forman la comisión rogatoria, a excepción de los nueve folios que permanecerán secretos, quedarán "a disposición de las partes" personadas en el procedimiento, entre las que se encuentran como acusaciones populares la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Partido Popular (PP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
De los folios secretos se deriva el 'total esclaricimiento'
El instructor justifica el mantenimiento del secreto sobre estos documentos argumentando que de su contenido podría "derivarse la práctica de determinadas diligencias" que contribuirían al "total esclarecimiento" de los hechos investigados en este presente procedimiento.
En este sentido, argumenta que resulta "necesario" para la "plena utilidad y eficacia" de las actuaciones judiciales "preservar las mismas y su resultado del conocimiento de terceras personas ajenas a la investigación, y en su caso de los imputados, con el objeto de asegurar y culminar la investigación abierta sin pérdida de datos que puedan ser relevantes a la misma".
A juicio de Ruz, la naturaleza de los delitos que se están investigando (revelación de secretos y colaboración con organización terrorista), el contenido de los citados folios y las diligencias que podría solicitar la Fiscalía justifican que adoptar el secreto parcial "por el plazo no superior a un mes, sin prejuicio de eventuales prórrogas del mismo", resulte "racional, lógico, fundado y necesario".
En la comisión rogatoria, que fue cursada el 17 de febrero, Garzón preguntaba a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.
También quería saber "si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas" que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar 'Faisán', que habría sido utilizada por el primero.
El juez también reclamaba copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.
Tres mandos policiales imputados
Garzón también encargó por orden de la Sala de lo Penal al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al 'Faisán' estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.
En la declaración ante el juez que tuvo lugar el pasado 17 de febrero, el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración.
Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".
El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.
El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.
Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Álava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.
DIARIO EL MUNDO
El juez del 'chivatazo' sólo deja al fiscal ver íntegra la información de Francia
* De su contenido podría 'derivarse' diligencias para el 'total esclarecimiento'
* Deja en manos del fiscal si procede practicar 'alguna diligencia' más
Europa Press | Madrid
Actualizado viernes 14/01/2011 18:23 horas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado que sólo el fiscal pueda acceder íntegramente a la documentación remitida por la magistrada antiterrorista francesa Laurence Le Vert sobre el supuesto chivatazo a ETA que se habría producido en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) el 4 de mayo de 2006.
En un auto dictado este viernes, el magistrado acuerda incorporar a la causa los 645 folios que fueron remitidos por la juez Le Vert, una vez que han sido traducidos al español, y establece el secreto parcial por el plazo de un mes prorrogable para 9 de ellos, que sólo podrán ser conocidos por el Ministerio Público.
El juez adopta esta decisión para que el fiscal de la causa, Carlos Bautista, le informe "si estima procedente la práctica de alguna diligencia de investigación" en función del contenido de los folios 4 a 12 de la comisión rogatoria.
Una vez que el Ministerio Fiscal presente su informe, las diez carpetas que forman la comisión rogatoria, a excepción de los nueve folios que permanecerán secretos, quedarán "a disposición de las partes" personadas en el procedimiento, entre las que se encuentran como acusaciones populares la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ), el Partido Popular (PP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.
De los folios secretos se deriva el 'total esclaricimiento'
El instructor justifica el mantenimiento del secreto sobre estos documentos argumentando que de su contenido podría "derivarse la práctica de determinadas diligencias" que contribuirían al "total esclarecimiento" de los hechos investigados en este presente procedimiento.
En este sentido, argumenta que resulta "necesario" para la "plena utilidad y eficacia" de las actuaciones judiciales "preservar las mismas y su resultado del conocimiento de terceras personas ajenas a la investigación, y en su caso de los imputados, con el objeto de asegurar y culminar la investigación abierta sin pérdida de datos que puedan ser relevantes a la misma".
A juicio de Ruz, la naturaleza de los delitos que se están investigando (revelación de secretos y colaboración con organización terrorista), el contenido de los citados folios y las diligencias que podría solicitar la Fiscalía justifican que adoptar el secreto parcial "por el plazo no superior a un mes, sin prejuicio de eventuales prórrogas del mismo", resulte "racional, lógico, fundado y necesario".
En la comisión rogatoria, que fue cursada el 17 de febrero, Garzón preguntaba a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.
También quería saber "si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas" que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar 'Faisán', que habría sido utilizada por el primero.
El juez también reclamaba copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.
Tres mandos policiales imputados
Garzón también encargó por orden de la Sala de lo Penal al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al 'Faisán' estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro del denominado 'impuesto revolucionario'.
En la declaración ante el juez que tuvo lugar el pasado 17 de febrero, el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración.
Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".
El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.
El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.
Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Álava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
El juez Ruz ve indicios de colaboración con ETA y se niega a archivar el 'caso Faisán', como le pedía el fiscal
El magistrado de la Audiencia Nacional pide ampliación de pruebas y datos sobre la cadena de custodia del vídeo que grababa el bar
JOSÉ YOLDI - Madrid - 24/01/2011
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de un delito de colaboración con banta terrorista, penado con hasta 10 años de prisión y otro de revelación de secretos imputable a algún funcionario policial, por lo que ha abierto un sumario para continuar la investigación del denominado caso Faisán, que trata de esclarecer un presunto chivatazo policial a los implicados la red de la extorsión conocida como impuesto revolucionario de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional consideró que la investigación estaba agotada y que procedía el archivo del proceso por falta de autor conocido.
El juez, sin embargo, ha recibido recientemente la comisión rogatoria emitida por la juez antiterrorista francesa Laurence Levert y aunque, de acuerdo con el fiscal, considera que no hay nuevas revelaciones significativas, ha declarado secretos nueve folios de ese informe. Además, ha decidido impulsar de nuevo las pesquisas volviendo a solicitar pruebas periciales que dieron anteriormente resultados negativos o equívocos.
En el auto hecho público esta mañana, el juez señala que "según permite concluir lo hasta ahora actuado, nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención (...) de determinadas personas que estaban siendo investigadas (...) sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del determinado impuesto revolucionario. (...) En concreto, mediante la delación policial efectuada sobre el investigado Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán (...), se trataba de evitar (...) la inminente detención (...) del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur".
Identidad del presunto confidente
Ruz ordena tomar declaración como testigos a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ya declararon en su momento,y a un periodista. Además, insta a dos de los policías imputados Pamiés y Ballesteros, a que revelen la identidad del "presunto confidente, contacto o colaborador" de la banda terrorista ETA con el que se iban a entrevistar en Francia el día del chivatazo.
Por otro lado, Ruz reclama informes periciales sobre la existencia de cortes en la cinta VHS "que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua", dueño del establecimiento e imputado en la causa general sobre la red de extorsión de ETA.
Asimismo, pide una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia, además de pedir a la Guardia Civil una nueva pericia sobre los cortes de la cinta.
EL PAIS
El magistrado de la Audiencia Nacional pide ampliación de pruebas y datos sobre la cadena de custodia del vídeo que grababa el bar
JOSÉ YOLDI - Madrid - 24/01/2011
El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de un delito de colaboración con banta terrorista, penado con hasta 10 años de prisión y otro de revelación de secretos imputable a algún funcionario policial, por lo que ha abierto un sumario para continuar la investigación del denominado caso Faisán, que trata de esclarecer un presunto chivatazo policial a los implicados la red de la extorsión conocida como impuesto revolucionario de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional consideró que la investigación estaba agotada y que procedía el archivo del proceso por falta de autor conocido.
El juez, sin embargo, ha recibido recientemente la comisión rogatoria emitida por la juez antiterrorista francesa Laurence Levert y aunque, de acuerdo con el fiscal, considera que no hay nuevas revelaciones significativas, ha declarado secretos nueve folios de ese informe. Además, ha decidido impulsar de nuevo las pesquisas volviendo a solicitar pruebas periciales que dieron anteriormente resultados negativos o equívocos.
En el auto hecho público esta mañana, el juez señala que "según permite concluir lo hasta ahora actuado, nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención (...) de determinadas personas que estaban siendo investigadas (...) sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del determinado impuesto revolucionario. (...) En concreto, mediante la delación policial efectuada sobre el investigado Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán (...), se trataba de evitar (...) la inminente detención (...) del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur".
Identidad del presunto confidente
Ruz ordena tomar declaración como testigos a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ya declararon en su momento,y a un periodista. Además, insta a dos de los policías imputados Pamiés y Ballesteros, a que revelen la identidad del "presunto confidente, contacto o colaborador" de la banda terrorista ETA con el que se iban a entrevistar en Francia el día del chivatazo.
Por otro lado, Ruz reclama informes periciales sobre la existencia de cortes en la cinta VHS "que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua", dueño del establecimiento e imputado en la causa general sobre la red de extorsión de ETA.
Asimismo, pide una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia, además de pedir a la Guardia Civil una nueva pericia sobre los cortes de la cinta.
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