Empresarios en huelga de hambre frente al Ministerio

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[align=justify]EMPRESARIOS ARRUINADOS EXIGEN SU DINERO

Huelga de hambre frente al Ministerio de Interior y duras críticas a Rubalcaba

Tres empresarios llevan 22 días de huelga de hambre frente al Ministerio del Interior para exigir a Rubalcaba el pago de 300.000 euros que no les ha abonado una promotora tras la construcción de una casa cuartel de la Guardia Civil. Interior se lava las manos y los afectados están en la ruina.

(Libertad Digital) "La Guardia Civil no nos paga. Estamos en la ruina" o "el Ministerio del Interior nos mandó trabajar. Debe 300.000 euros", son las pancartas que se pueden leer frente a la sede del Ministerio dirigido por Pérez Rubalcaba. Allí, llevan ya más de 22 días haciendo una huelga de hambre para denunciar la estafa que ha dejado en la ruina a estos tres empresarios de la construcción.[/align]

Según informa el diario ABC, los tres afectados aseguran que "hemos sufrido un engaño consumado bajo responsabilidad estatal". Los supuestos implicados en este suceso son la promotora Acomsa S.L., un arquitecto y un coronel de la Guardia Civil.

En este sentido, los afectados comenzaron en 2005 a construir una casa cuartel en la localidad pacense de Siruela. Allí, negociaron "pronto pago" con la promotora de la que recibieron un primer pago en metálico de 4.000 euros. El resto de la deuda la emitieron como pagarés a 90 días "que no llegaron a pagar nunca".

Al ver que no recibían los pagos, cesaron la obra en 2006 e incluso ya han ganado cinco juicios contra la promotora. Sin embargo, un coronel de la Guardia Civil "se comprometió a hacerse cargo del 80 por ciento de la deuda contraída con Acomsa y pagárnoslo. Mentira".

Además, los afectados dicen que tuvieron una reunión con altos cargos de la Guardia Civil y del PSOE donde éstos les aseguraron que esa "certificación, que nosotros habíamos hecho, la habían pagado ellos un año antes, cuando aún ni habían comenzado las obras". Por ello, acusan a los supuestos culpables de haberse lucrado gracias a su ruina.

A su juicio, el problema estriba en que el Gobierno exige a todas las empresas que trabajen para un organismo estatal un aval económico, que la empresa esté homologada y que se registren en el libro de subcontrata de la Guardia Civil. "Esto se lo han saltado a la torera. Nada aparece. Si hubiera sido así, ya habríamos cobrado y nuestra casa no estaría hipotecada", sentencian los afectados.

De este modo, subrayan que "el responsable, que lo averigue Rubalcaba, que es su obligación, en vez de mirarnos por su ventana como hace muchos días". Su única defensa es la documentación que probaría la estafa. Además, han pedido cinco veces una reunión con el ministro, pero este aún no los ha recibido. "Es nuestro dinero. Nos han estafado con su consentimiento", aseguran.

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