El juez rechaza archivar el caso del chivatazo a ETA y ordena más diligencias
* El juez Ruz ve la delación 'una acción presuntamente ejecutada por la Policía'
* También pregunta por los cortes en el vídeo que grababa el bar Faisán
* Tres cargos policiales están imputados por revelación de secretos
* También se les acusa de colaboración con organización terrorista
Manuel Marraco | Agencias | Madrid
Actualizado lunes 24/01/2011 15:32 horas
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado la petición de la Fiscalía de archivar el caso del chivatazo policial a ETA y ha ordenado nuevas diligencias, entre las que pide más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que la Policía grabó en el exterior del bar Faisán de Irún.
Ruz ha adoptado esta decisión después de que el fiscal informara la semana pasada de que no era necesario realizar ninguna diligencia nueva después de analizar los 645 folios remitidos por Francia sobre este asunto, nueve de los cuales han sido declarados secretos y que están siendo estudiados aparte por el fiscal.
Hasta ahora, la investigación del 'caso Faisán' ha salpicado al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, y a dos otros cargos policiales bajo su mando que, según la investigación, fueron los responsables directos del chivatazo a la banda terrorista.
'Evitar detenciones'
En un auto dictado hoy, Ruz subraya que la investigación ha determinado que se trató de un "una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía" con la que se intentó "evitar la detención de determinadas personas que estaban siendo investigadas por su presunta participación en una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del denominado 'impuesto revolucionario'".
Según ha venido publicado EL MUNDO, dos policías alertaron en mayo de 2006 a varios miembros del aparato de extorsión de ETA de que iban a ser detenidos cuando pasaran a Francia con el dinero de la extorsión.
Revelación de secretos
En su auto, el magistrado, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia en sustitución de Baltasar Garzón, señala que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de revelación de secretos y colaboración con organización terrorista, unas figuras penales que podrían acarrear unas condenas de hasta 13 años de cárcel. Al superar el límite legal de nueve años de cárcel, Ruz se ha visto obligado a transformar en sumario las diligencias previas en la que se enmarcaba hasta ahora la investigación. Igualmente, Ruz vuelve a incorporar a la investigación a la Guardia Civil.
Entre otras medidas el magistrado ha decidido citar a declarar en calidad de testigos para el próximo 8 de febrero a dos agentes de Brigada Provincial de Información de San Sebastián de la Policía Nacional para "aclarar determinadas contradicciones" en relación al chivatazo.
Grabación del chivatazo
El juez también ha acordado varias diligencias para que los responsables de la investigación aclaren los cortes en el vídeo filmado por agentes de la Policía en el que se mostraban los movimientos registrados en la puerta del bar Faisán cuando se habría producido el chivatazo.
En este sentido, solicita una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y que se identifique a "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.
Investigación de las llamadas
El juez ordena además a los peritos de Telefónica que realicen un nuevo informe ampliatorio sobre todo el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar Faisán en los momentos previos al chivatazo.
El magistrado especifica que se deben analizar todas las llamadas, incluidas las que se realizaron desde móviles con tarjetas prepago y las que pasaron por repetidores más alejados de la zona, incluidos los situados en Francia.
El mundo.es
EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Articulo del mundo de hoy.
‘Caso Faisán’: la verdad está más cerca
EL AUTO dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tiene una gran importancia por diversos motivos, pero el principal es que supone un impulso a la investigación del caso Faisán al ordenar nuevas diligencias para determinar quiénes fueron los
responsables penales del chivatazo que evitó la detención de los jefes de la red de extorsión de ETA.
Por primera vez desde que la Justicia empezó a investigar en mayo de 2006, el instructor apunta expresamente como presuntos autores de delitos de colaboración con banda armada y revelación de secretos a «miembros del Cuerpo Nacional de Policía». Durante sus tres años de instrucción de este caso, Garzón se había negado a reconocer lo evidente: que el chivatazo sólo pudo tener origen en las Fuerzas de Seguridad del Estado, las únicas que conocían la operación policial.
Pero el juez Ruz va más allá y transforma las diligencias previas en sumario al tratarse de delitos susceptibles de ser castigados con penas superiores a nueve años de cárcel. Ello supone que el archivo de la causa ya no es una decisión que depende del instructor
sino de la Sala de lo Penal.
Esto tiene una gran relevancia, ya que la Fiscalía había pedido de nuevo el archivo de la causa con el pretexto de que la investigación penal no arroja suficientes elementos incriminatorios contra las personas imputadas, que incluyen al ex director general de la Policía.
Desde el comienzo de este asunto, la Fiscalía no ha hecho nada para esclarecer lo sucedido a pesar de la extraordinaria gravedad de los delitos cometidos, ignorando las aportaciones de la investigación interna realizada por el inspector Carlos G. y los hechos que
apuntan a la cúpula policial.
El juez ordena ahora nuevas diligencias que Garzón nunca quiso practicar como comprobar las coartadas del jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava, que justificaron la presencia del segundo en el Faisán porque había ido a interrogar a
un confidente. El instructor va a intentar averiguar ahora el fundamento de esa coartada.
También va a hacer algo tan necesario como solicitar un nuevo informe pericial de la Guardia Civil para indagar los cortes del video donde se grabaron los movimientos del bar Faisán ese día, en el que de forma sospechosa se borraron los momentos clave del chivatazo.
¿Manipuló alguien de la Policía esa grabación? Y, por último, el juez Ruz quiere reconstruir todo el flujo de llamadas, incluidas las realizadas desde Francia y las efectuadas con tarjeta de prepago, y la cadena de custodia del vídeo, lo que implica revisar la instrucción que realizó Garzón, que no hizo prácticamente nada para indagar lo sucedido.
No es aventurado señalar que de seguir Garzón con este asunto en sus manos, a estas alturas estaría ya archivado o seguiría muerto en un cajón. Pero las diligencias ordenadas por el juez Ruz muestran un afán encomiable de proseguir una investigación torpedeada desde el propio Ministerio de Interior, como ya denunció en un auto Grande-Marlaska, el primer instructor del caso.
Todo apunta no sólo a la implicación en el chivatazo de altos cargos de la Policía sino además a responsabilidades en la cúpula de Interior y del propio PSE, con Jesús Eguiguren a la cabeza, que querían salvar la negociación con ETA aun a costa de boicotear una importante operación policial planeada desde hacía meses.
En cualquier caso, las nuevas diligencias ordenadas por Ruz hacen concebir la razonable esperanza de que los autores y mentores del chivatazo tendrán que pagar algún día por su repugnante conducta.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Gil Lázaro: "El juez Ruz ha roto la estrategia cínica y ruin de Rubalcaba"
Gil Lázaro ha calificado de muy "importante" el vuelco en la investigación del chivatazo. En esRadio ha dicho que cree que Rubalcaba queda mal parado.
Documento: AUTO DEL CHIVATAZO
LIBERTAD DIGITAL
Ignacio Gil Lázaro es el azote de Pérez Rubalcaba en el Congreso en el caso del chivatazo a ETA. Ahora la Justicia ha decidido investigar a fondo el caso gracias al juez Ruz, que ha ordenado nuevas diligencias.
En declaraciones en Es la Mañana de Federico en esRadio, el diputado del PP aseguró que "lo que sucedió ayer fue importante". Y es que a pesar de que el fiscal pidió nuevamente el archivo de la causa "el juez le contestó que no procede y que el procedimiento en diligencias previas se transforma en sumario porque existen indicios de delitos por revelación de secretos y colaboración con banda armada"
De este modo, el parlamentario popular que interpela semana tras semana al ministro del Interior sobre este asunto consideró que "la respuesta del juez ha sido contundente frente a la acción del Gobierno de dar carpetazo al chivatazo". "Esto rompe la estrategia detestable, ruin y cínica de Rubalcaba", sentenció.
Tras la decisión del magistrado, Gil Lázaro dice estar deseando que llegue la próxima sesión de control al Gobierno para escuchar qué contesta en esta ocasión Rubalcaba. "Siempre me decía que eran infundios y calumnias, estoy deseando que llegue mañana y ver que me contesta", indicó el popular a Jiménez Losantos.
Por ello, añadió que el vicepresidente primero "ya no va a poder desvirtuar los hechos diciendo que nunca existió. Creo que este asunto cerca a Rubalcaba y le pone en una situación muy complicada".
Gil Lázaro eleva las responsabilidades a las altas esferas políticas. "Es impensable que un director, jefe superior o inspector se metiera en semejante berenjenal por su cuenta y riesgo. Ha habido además un motivo que fue el interés político, que era que no se produjeran ciertas detenciones".
esRadio
Gil Lázaro ha calificado de muy "importante" el vuelco en la investigación del chivatazo. En esRadio ha dicho que cree que Rubalcaba queda mal parado.
Documento: AUTO DEL CHIVATAZO
LIBERTAD DIGITAL
Ignacio Gil Lázaro es el azote de Pérez Rubalcaba en el Congreso en el caso del chivatazo a ETA. Ahora la Justicia ha decidido investigar a fondo el caso gracias al juez Ruz, que ha ordenado nuevas diligencias.
En declaraciones en Es la Mañana de Federico en esRadio, el diputado del PP aseguró que "lo que sucedió ayer fue importante". Y es que a pesar de que el fiscal pidió nuevamente el archivo de la causa "el juez le contestó que no procede y que el procedimiento en diligencias previas se transforma en sumario porque existen indicios de delitos por revelación de secretos y colaboración con banda armada"
De este modo, el parlamentario popular que interpela semana tras semana al ministro del Interior sobre este asunto consideró que "la respuesta del juez ha sido contundente frente a la acción del Gobierno de dar carpetazo al chivatazo". "Esto rompe la estrategia detestable, ruin y cínica de Rubalcaba", sentenció.
Tras la decisión del magistrado, Gil Lázaro dice estar deseando que llegue la próxima sesión de control al Gobierno para escuchar qué contesta en esta ocasión Rubalcaba. "Siempre me decía que eran infundios y calumnias, estoy deseando que llegue mañana y ver que me contesta", indicó el popular a Jiménez Losantos.
Por ello, añadió que el vicepresidente primero "ya no va a poder desvirtuar los hechos diciendo que nunca existió. Creo que este asunto cerca a Rubalcaba y le pone en una situación muy complicada".
Gil Lázaro eleva las responsabilidades a las altas esferas políticas. "Es impensable que un director, jefe superior o inspector se metiera en semejante berenjenal por su cuenta y riesgo. Ha habido además un motivo que fue el interés político, que era que no se produjeran ciertas detenciones".
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
http://www.libertaddigital.com/nacional ... 276413375/
Desde los que se llamó a los responsables
Ruz ordena identificar tres teléfonos de Interior vinculados con el chivatazo
El juez pide practicar nuevas pruebas solicitadas por las víctimas. Desde el Ministerio de Interior se habló con los presuntos responsables del soplo.
ÁNGELA MARTIALAY
En un auto hecho público este martes el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera "pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la investigación" practicar ocho nuevas diligencias en el caso del chivatazo a la banda terrorista ETA. Algunas de estas pruebas fueron solicitadas por de la acusación popular –ejercida por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-; otras, por el Ministerio Fiscal –que tras cambiar de criterio pide ahora investigar los hechos- y, una última, por uno de los imputados en el soplo a la red extorsión, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies.
Entre todas ellas, quizá la más relevante por el calado político que conlleva es que el juez ordena identificar a los titulares de los tres números de teléfonos dependientes de la subsecretaría del Ministerio de Interior que en los momentos previos y posteriores a que se produjera el soplo en el bar Faisán de Irún mantuvieron constantes contactos con los presuntos responsables del delito.
Actualmente, en la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros y Pamies. Detrás del soplo, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.
En la resolución judicial, Ruz accede este martes a que se identifique a los usuarios de los teléfonos dependientes del Ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba pero no a su citación en estos momentos, tal y como pedían las víctimas. Sin embargo, el magistrado no cierra la puerta a que los miembros de Interior sean citados cuando ya hayan sido identificados. "Una vez realizada dicha identificación se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios", subraya el juez en el auto.
Además, el magistrado que sustituye a Baltasar Garzón –quien tuvo paralizada la investigación de los hechos durante más de tres años- pide al equipo investigador del chivatazo, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar de Joseba Elosúa y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Testificales el próximo día 8
Asimismo, Pablo Ruz solicita a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que le explique si hay algún informe sobre la actuación llevada a cabo por los propios investigadores del escándalo que el juez califica como "hechos criminales graves" hasta en dos ocasiones en la citada resolución judicial.
Por otro lado, el juez también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre". Este agente fue apartado posteriormente del caso por el Ministerio de Interior.
El instructor también acuerda citar a declarar el próximo lunes al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián, para que explique su participación en la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA. Dos de sus subordinados declararon durante la instrucción que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" al propietario del bar 'Faisán'.
De la misma forma, Ruz solicita, a instancias de la AVT, que se cite ese mismo día al comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García. Su nombre aparece en una conversación en la que el jefe superior de Policía en el País Vasco le indicaba al periodista de La Razón, Jesús María Zuloaga, que Amo le había pedido que le asignara unidades de intervención policial (UIP) porque, según decía, "los de Madrid iban a tirar, que será lo de Faisán".
Además, está previsto que el día 8 también comparezcan como testigos tanto Zuloaga como el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo. Con estas dos últimas declaraciones, el juez pretende aclarar las "contradicciones apreciadas" en sus diversos testimonios.
Diligencias rechazadas
Pero no todas las pruebas solicitadas han sido aceptadas por el instructor. Por el contrario, Ruz rechaza que se realice "un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del 'Faisán'", al considerar que "en el presente estadio" no es pertinente porque esta misma diligencia ha sido solicitada al Cuerpo Nacional de Policía.
El magistrado de la Audiencia Nacional tampoco acepta, como pedía la AVT, que se "identifique si hubo algún funcionario policial" que desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2006 "accediera a la base de datos del DNI para realizar consulta alguna relativa a Joseba Elosua o al vehículo Ford Focus de su propiedad". El juez entiende que esta diligencia "ya fue practicada en el pasado, habiéndose agotado ya dicha línea de investigación".
Sin lugar a dudas, estas medidas adoptadas por el sustituto de Garzón suponen un impulso a la investigación del chivatazo a ETA. Aparte de las citadas diligencias, el magistrado ya ordenó el pasado día 24 practicar otras muchas. En tanto, Ruz mantiene secretos nueve folios de la comisión rogatoria enviada por la juez antiterrorista de Francia, Laurence Le Vert que, según sus pesquisas, son fundamentales para el "total esclarecimiento" del caso.
Desde los que se llamó a los responsables
Ruz ordena identificar tres teléfonos de Interior vinculados con el chivatazo
El juez pide practicar nuevas pruebas solicitadas por las víctimas. Desde el Ministerio de Interior se habló con los presuntos responsables del soplo.
ÁNGELA MARTIALAY
En un auto hecho público este martes el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considera "pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la investigación" practicar ocho nuevas diligencias en el caso del chivatazo a la banda terrorista ETA. Algunas de estas pruebas fueron solicitadas por de la acusación popular –ejercida por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-; otras, por el Ministerio Fiscal –que tras cambiar de criterio pide ahora investigar los hechos- y, una última, por uno de los imputados en el soplo a la red extorsión, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies.
Entre todas ellas, quizá la más relevante por el calado político que conlleva es que el juez ordena identificar a los titulares de los tres números de teléfonos dependientes de la subsecretaría del Ministerio de Interior que en los momentos previos y posteriores a que se produjera el soplo en el bar Faisán de Irún mantuvieron constantes contactos con los presuntos responsables del delito.
Actualmente, en la causa están imputados el ex director general de Policía y dirigente del PSE en Álava Víctor García Hidalgo, un inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros y Pamies. Detrás del soplo, según el juez, podrían haberse cometido dos delitos: uno, de revelación de secretos por parte de un funcionario público y, otro de colaboración con banda armada. El primero de ellos está penado con hasta tres años de prisión, mientras que el segundo de ellos con un máximo de diez años de cárcel.
En la resolución judicial, Ruz accede este martes a que se identifique a los usuarios de los teléfonos dependientes del Ministerio que encabeza Alfredo Pérez Rubalcaba pero no a su citación en estos momentos, tal y como pedían las víctimas. Sin embargo, el magistrado no cierra la puerta a que los miembros de Interior sean citados cuando ya hayan sido identificados. "Una vez realizada dicha identificación se dictará por este instructor el pronunciamiento oportuno respecto de la solicitud interesada de declaración testifical por parte de quienes resultaran identificados como tales usuarios", subraya el juez en el auto.
Además, el magistrado que sustituye a Baltasar Garzón –quien tuvo paralizada la investigación de los hechos durante más de tres años- pide al equipo investigador del chivatazo, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar de Joseba Elosúa y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Testificales el próximo día 8
Asimismo, Pablo Ruz solicita a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que le explique si hay algún informe sobre la actuación llevada a cabo por los propios investigadores del escándalo que el juez califica como "hechos criminales graves" hasta en dos ocasiones en la citada resolución judicial.
Por otro lado, el juez también ordena la citación judicial en calidad de testigo del comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), que elaboró un informe en el que defendía que durante el 3 de mayo de 2006, el día anterior al chivatazo, Carlos G. "fue reticente en diversos momentos a la realización" de las detenciones contra el aparato de extorsión "argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre". Este agente fue apartado posteriormente del caso por el Ministerio de Interior.
El instructor también acuerda citar a declarar el próximo lunes al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián, para que explique su participación en la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA. Dos de sus subordinados declararon durante la instrucción que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" al propietario del bar 'Faisán'.
De la misma forma, Ruz solicita, a instancias de la AVT, que se cite ese mismo día al comisario provincial de San Sebastián, Fernando Amo García. Su nombre aparece en una conversación en la que el jefe superior de Policía en el País Vasco le indicaba al periodista de La Razón, Jesús María Zuloaga, que Amo le había pedido que le asignara unidades de intervención policial (UIP) porque, según decía, "los de Madrid iban a tirar, que será lo de Faisán".
Además, está previsto que el día 8 también comparezcan como testigos tanto Zuloaga como el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este cuerpo. Con estas dos últimas declaraciones, el juez pretende aclarar las "contradicciones apreciadas" en sus diversos testimonios.
Diligencias rechazadas
Pero no todas las pruebas solicitadas han sido aceptadas por el instructor. Por el contrario, Ruz rechaza que se realice "un informe ampliatorio sobre los teléfonos prepago que efectuaron o recibieron llamadas en los alrededores del 'Faisán'", al considerar que "en el presente estadio" no es pertinente porque esta misma diligencia ha sido solicitada al Cuerpo Nacional de Policía.
El magistrado de la Audiencia Nacional tampoco acepta, como pedía la AVT, que se "identifique si hubo algún funcionario policial" que desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo de 2006 "accediera a la base de datos del DNI para realizar consulta alguna relativa a Joseba Elosua o al vehículo Ford Focus de su propiedad". El juez entiende que esta diligencia "ya fue practicada en el pasado, habiéndose agotado ya dicha línea de investigación".
Sin lugar a dudas, estas medidas adoptadas por el sustituto de Garzón suponen un impulso a la investigación del chivatazo a ETA. Aparte de las citadas diligencias, el magistrado ya ordenó el pasado día 24 practicar otras muchas. En tanto, Ruz mantiene secretos nueve folios de la comisión rogatoria enviada por la juez antiterrorista de Francia, Laurence Le Vert que, según sus pesquisas, son fundamentales para el "total esclarecimiento" del caso.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
http://www.europapress.es/nacional/noti ... 20646.html
Chivatazo
Uno de los teléfonos de Interior usados antes y después del soplo pertenece a Antonio Camacho
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Uno de los tres teléfonos titularizados por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado identificar a sus usuarios por comunicar durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los imputados en la causa, pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho. Asimismo, un segundo teléfono de esos tres, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita del Ministerio del Interior, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación que, sin embargo, no lograron identificar al usuario del otro teléfono móvil.
Los tres números de teléfono han sido facilitados en su integridad en el auto firmado por el juez Ruz. De esta forma, el número 6867XXXXX pertenece a Antonio Camacho y el 9153XXXXXX es el de la centralita del Ministerio del Interior. El usuario del tercer número, el 6294XXXXX, es el que las fuentes consultadas no han podido identificar.
El juez Pablo Ruz ha ordenado este martes que se identifique a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.
El magistrado, que considera "preciso aclarar la real significancia de estas llamadas", responde así a la petición realizada por la acusación popular Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba la identificación de las personas que utilizaron tres números "titularizados" por esta Subsecretaría durante "el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006", así como su "citación para que presten declaración en calidad de testigos".
En un auto hecho público este martes, el juez pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Según defendía DyJ, el tráfico de llamadas pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad".
Chivatazo
Uno de los teléfonos de Interior usados antes y después del soplo pertenece a Antonio Camacho
MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -
Uno de los tres teléfonos titularizados por la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado identificar a sus usuarios por comunicar durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los imputados en la causa, pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho. Asimismo, un segundo teléfono de esos tres, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita del Ministerio del Interior, confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación que, sin embargo, no lograron identificar al usuario del otro teléfono móvil.
Los tres números de teléfono han sido facilitados en su integridad en el auto firmado por el juez Ruz. De esta forma, el número 6867XXXXX pertenece a Antonio Camacho y el 9153XXXXXX es el de la centralita del Ministerio del Interior. El usuario del tercer número, el 6294XXXXX, es el que las fuentes consultadas no han podido identificar.
El juez Pablo Ruz ha ordenado este martes que se identifique a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.
El magistrado, que considera "preciso aclarar la real significancia de estas llamadas", responde así a la petición realizada por la acusación popular Dignidad y Justicia (DyJ), que solicitaba la identificación de las personas que utilizaron tres números "titularizados" por esta Subsecretaría durante "el periodo al menos comprendido entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre de 2006", así como su "citación para que presten declaración en calidad de testigos".
En un auto hecho público este martes, el juez pide al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y reclama a sus miembros que las pongan en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Según defendía DyJ, el tráfico de llamadas pone de relieve que García Hidalgo estuvo en contacto con un número fijo y otro móvil de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, mientras que el jefe superior de Policía del País Vasco contactó con otro teléfono celular de este departamento. Todos ellos, según la asociación, eran números "de seguridad".
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sieteleguas
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Apuesto que al final no pagará el verdadero culpable, que todos sabemos quien es (R...lka.v)
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
[quote user="sieteleguas" post="89457"]Apuesto que al final no pagará el verdadero culpable, que todos sabemos quien es (R...lka.v)[/quote]
No se si al final pagará el verdadero culpable o no, pero lo que está claro desde hace tiempo es que el Secretario de Estado de Interior está metido hasta las cejas.
Hace menos de un año Antonio Camacho tuvo unas reuniones muy "significativas" con el SuperJuez Garzón, .......... que casualmente no movió un dedo para hacer avanzar la investigación del Caso Faisán. Más bien parece que hizo todo lo contrario y trató de que todo quedara enterrado en el fondo de un cajón de su despacho.
Para el que le interese saber a que reuniones me refiero ......... aquí dejo el enlace a la noticia.
http://www.elconfidencialdigital.com/Ar ... jeto=24091
.
No se si al final pagará el verdadero culpable o no, pero lo que está claro desde hace tiempo es que el Secretario de Estado de Interior está metido hasta las cejas.
Hace menos de un año Antonio Camacho tuvo unas reuniones muy "significativas" con el SuperJuez Garzón, .......... que casualmente no movió un dedo para hacer avanzar la investigación del Caso Faisán. Más bien parece que hizo todo lo contrario y trató de que todo quedara enterrado en el fondo de un cajón de su despacho.
Para el que le interese saber a que reuniones me refiero ......... aquí dejo el enlace a la noticia.
http://www.elconfidencialdigital.com/Ar ... jeto=24091
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Oficiales de la Guardia Civil creen que el chivatazo va 'camino' de aclararse
* La Unión de Oficiales dice que 'es el momento de dejar que actúe la justicia'
* El SUP ve más responsabilidades políticas que penales en el caso
Servimedia | Madrid
Actualizado miércoles 02/02/2011 11:26 horas
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) considera que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse, en referencia a que se sepa quién ordenó dar este soplo a la banda terrorista.
Francisco García, presidente de la UO, valora así que el juez Pablo Ruz haya pedido identificar quiénes usan tres teléfonos del Ministerio del Interior que contactaron con los policías procesados por el 'caso Faisán'.
Uno de estos números de teléfono parece que era usado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Según el presidente de la UO, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
Respecto a que uno de los señalados pueda ser el secretario de Estado de Seguridad, García indicó que la hipotética implicación de Camacho va en la línea de que este episodio pudo ser una "actuación política" tendente a no "entorpecer" los contactos que entonces existían entre el Gobierno y los terroristas.
El SUP ve responsabilidades políticas
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ve más responsabilidades políticas que penales en el 'caso Faisán' y en el hecho de que haya teléfonos del Ministerio del Interior desde los que se llamó a policías imputados por el chivatazo a ETA.
José María Benito, portavoz del SUP, sostiene que "si se demuestra que, al final, los teléfonos son los que se está diciendo, desde el punto de vista político que duda cabe que alguna responsabilidad habrá que exigir".
A su juicio, estas responsabilidades deberían exigirlas los partidos políticos, aunque destacó que "sin conocer el contenido de esas llamadas es muy difícil que alguien resulte condenado por estos hechos".
Diario El Mundo
* La Unión de Oficiales dice que 'es el momento de dejar que actúe la justicia'
* El SUP ve más responsabilidades políticas que penales en el caso
Servimedia | Madrid
Actualizado miércoles 02/02/2011 11:26 horas
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) considera que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse, en referencia a que se sepa quién ordenó dar este soplo a la banda terrorista.
Francisco García, presidente de la UO, valora así que el juez Pablo Ruz haya pedido identificar quiénes usan tres teléfonos del Ministerio del Interior que contactaron con los policías procesados por el 'caso Faisán'.
Uno de estos números de teléfono parece que era usado por el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Según el presidente de la UO, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
Respecto a que uno de los señalados pueda ser el secretario de Estado de Seguridad, García indicó que la hipotética implicación de Camacho va en la línea de que este episodio pudo ser una "actuación política" tendente a no "entorpecer" los contactos que entonces existían entre el Gobierno y los terroristas.
El SUP ve responsabilidades políticas
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ve más responsabilidades políticas que penales en el 'caso Faisán' y en el hecho de que haya teléfonos del Ministerio del Interior desde los que se llamó a policías imputados por el chivatazo a ETA.
José María Benito, portavoz del SUP, sostiene que "si se demuestra que, al final, los teléfonos son los que se está diciendo, desde el punto de vista político que duda cabe que alguna responsabilidad habrá que exigir".
A su juicio, estas responsabilidades deberían exigirlas los partidos políticos, aunque destacó que "sin conocer el contenido de esas llamadas es muy difícil que alguien resulte condenado por estos hechos".
Diario El Mundo
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
EL "CASO FAISÁN", AL ROJO VIVO
Mutismo del Gobierno mientras TVE corta a Pons y la prensa ataca a ZP
El Semanaldigital
Las reacciones a la implicación del número dos de Interior en el chivatazo no se han hecho esperar. Rajoy acusa al ministro de mentir y la Guardia Civil habla.
2 de febrero de 2011
"El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno", editorializa "La Razón" tras saberse que uno de los números investigados pertenece a Antonio Camacho.
Uno de los teléfonos requeridos pertenece al secretario de Estado de Interior
El juez del Caso Faisán pide identificar tres teléfonos adscritos a Interior
El 686749913. Ése es el número de móvil que ha estrechado el cerco al Gobierno. Las reacciones a la noticia de que uno de los tres teléfonos investigados por el juez Ruz en el Caso Faisán pertenece al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no se han hecho esperar.
La primera fue la de Mariano Rajoy, al que la revelación le pilló en el plató de Veo7. "El señor Rubalcaba ha negado la existencia del Caso Faisán y ahora vemos que se piden teléfonos del Ministerio del Interior (...). Tenemos la impresión de que ha mentido", señaló. Y a renglón seguido el líder de los populares aseguró que seguirá preguntando a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso por el chivatazo sin descanso.
Toda la prensa se hace eco de una información que le complica la escapatoria al Ejecutivo socialista. El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno, titula La Razón su editorial. "El Faisán aletea en las barbas del Gobierno", añade. ABC también editorializa sobre el asunto en Sombras sobre Interior: "Ante la Justicia no valen los regates de las sesiones de control del Congreso ni las acusaciones a la oposición. Hay imputaciones a ex altos cargos y funcionarios por colaborar con ETA. El colmo de la perversión. Lo mejor para la democracia sería que el Gobierno diera a conocer lo que sabe", exige el diario de Vocento. Y El Mundo titula en su portada: El juez ordena investigar al jefe político del chivatazo.
En cambio, El País y Público pasan de puntillas sobre el peliagudo tema y prefieren centrarse en el acuerdo de las pensiones y en las revueltas egipcias. Este último identifica a Camacho no como el dueño del número de teléfono, sino como usuario: "El secretario de Estado de Seguridad ha utilizado uno de los dos teléfonos móviles cuya titularidad ha ordenado investigar el juez Pablo Ruz", sostiene.
Si a los socialistas no les interesa hablar del chivatazo, a los populares sí. De hecho, Esteban González Pons lo intentó este miércoles en Los desayunos de TVE, pero en balde. Relata Libertad Digital que, en los compases finales de la entrevista, el vicesecretario de Comunicación del PP afirmó: "No hemos hablado del Faisán", pero fue cortado en seco por Ana Pastor: "Gracias señor Pons por introducir los temas de nuestra tertulia", dijo con ironía.
Por su parte, Antonio Basagoiti señaló que "el lío" del Caso Faisán está "cada vez más cerca" del Ministerio del Interior y que, por este motivo, "ahora toca emplumar a alguien". En un desayuno informativo organizado por el PP de Madrid, el líder de los populares vascos remarcó que "lo grave, grave, grave" del caso Faisán es la "posible implicación" Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Basagoiti definió el chivatazo como "repugnante" y "uno de los casos más escandalosos de la democracia", por lo que volvió a exigir explicaciones a Rubalcaba. "Tiene que avanzar la investigación, judicial y políticamente".
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se han producido ya las primeras reacciones. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) consideró que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse. Según su presidente, Francisco García, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
El semanal digital
Mutismo del Gobierno mientras TVE corta a Pons y la prensa ataca a ZP
El Semanaldigital
Las reacciones a la implicación del número dos de Interior en el chivatazo no se han hecho esperar. Rajoy acusa al ministro de mentir y la Guardia Civil habla.
2 de febrero de 2011
"El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno", editorializa "La Razón" tras saberse que uno de los números investigados pertenece a Antonio Camacho.
Uno de los teléfonos requeridos pertenece al secretario de Estado de Interior
El juez del Caso Faisán pide identificar tres teléfonos adscritos a Interior
El 686749913. Ése es el número de móvil que ha estrechado el cerco al Gobierno. Las reacciones a la noticia de que uno de los tres teléfonos investigados por el juez Ruz en el Caso Faisán pertenece al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, no se han hecho esperar.
La primera fue la de Mariano Rajoy, al que la revelación le pilló en el plató de Veo7. "El señor Rubalcaba ha negado la existencia del Caso Faisán y ahora vemos que se piden teléfonos del Ministerio del Interior (...). Tenemos la impresión de que ha mentido", señaló. Y a renglón seguido el líder de los populares aseguró que seguirá preguntando a Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso por el chivatazo sin descanso.
Toda la prensa se hace eco de una información que le complica la escapatoria al Ejecutivo socialista. El Faisán vuela bajo sobre el Gobierno, titula La Razón su editorial. "El Faisán aletea en las barbas del Gobierno", añade. ABC también editorializa sobre el asunto en Sombras sobre Interior: "Ante la Justicia no valen los regates de las sesiones de control del Congreso ni las acusaciones a la oposición. Hay imputaciones a ex altos cargos y funcionarios por colaborar con ETA. El colmo de la perversión. Lo mejor para la democracia sería que el Gobierno diera a conocer lo que sabe", exige el diario de Vocento. Y El Mundo titula en su portada: El juez ordena investigar al jefe político del chivatazo.
En cambio, El País y Público pasan de puntillas sobre el peliagudo tema y prefieren centrarse en el acuerdo de las pensiones y en las revueltas egipcias. Este último identifica a Camacho no como el dueño del número de teléfono, sino como usuario: "El secretario de Estado de Seguridad ha utilizado uno de los dos teléfonos móviles cuya titularidad ha ordenado investigar el juez Pablo Ruz", sostiene.
Si a los socialistas no les interesa hablar del chivatazo, a los populares sí. De hecho, Esteban González Pons lo intentó este miércoles en Los desayunos de TVE, pero en balde. Relata Libertad Digital que, en los compases finales de la entrevista, el vicesecretario de Comunicación del PP afirmó: "No hemos hablado del Faisán", pero fue cortado en seco por Ana Pastor: "Gracias señor Pons por introducir los temas de nuestra tertulia", dijo con ironía.
Por su parte, Antonio Basagoiti señaló que "el lío" del Caso Faisán está "cada vez más cerca" del Ministerio del Interior y que, por este motivo, "ahora toca emplumar a alguien". En un desayuno informativo organizado por el PP de Madrid, el líder de los populares vascos remarcó que "lo grave, grave, grave" del caso Faisán es la "posible implicación" Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Basagoiti definió el chivatazo como "repugnante" y "uno de los casos más escandalosos de la democracia", por lo que volvió a exigir explicaciones a Rubalcaba. "Tiene que avanzar la investigación, judicial y políticamente".
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se han producido ya las primeras reacciones. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) consideró que la investigación sobre el chivatazo a ETA del bar Faisán va por el "mejor camino" para aclararse. Según su presidente, Francisco García, "es el momento de dejar que actúe la Justicia", algo que dijo venían reclamando asociaciones como la suya, que piden que se sepa quién fue el "verdadero responsable" de este chivatazo a ETA.
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Re: EL CASO FAISAN SIGUE VIVO
Este señor de pelo cada vez mas canoso es aquel al que la asociacion en una reunion le dio un dossier de nuestras inquietudes como Oficiales y no nos ha hecho ni caso? dientes....
Escala unica respetando antiguedad en la escala oficiales
