Un informe encargado por la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco cifra en 1.004 las personas muertas por «violaciones de derechos humanos» entre 1960 y 2013 en el marco del «caso vasco». Este dato se desgrana, a su vez, en 837 víctimas mortales a manos de ETA, 94, a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 73, a manos de grupos parapoliciales y de extrema derecha como el Batallón Vasco Español (BVE), la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

El documento, que lleva por título «Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)» y ha sido elaborado, entre otros, por el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, y el ex concejal del PP Ramón Múgica, apuesta por «omitir valoraciones o interpretaciones y centrarse en la descripción de los datos objetivos de los que se disponen», pero lo cierto es que en varios puntos parece defender posturas de la izquierda abertzale.

Más allá de que la cifra de víctimas de ETA se sitúe entre la que maneja el Ministerio del Interior (829) y la que ofrecen las propias víctimas (858), resultan llamativos los datos relativos a las «conculcaciones de derechos» por parte de la Policía y la Guardia Civil. De las 94 personas supuestamente muertas por su acción, nueve lo hicieron cuando estaban «bajo custodia policial». Tres de éstas fallecieron entre 1960 y 1975, otras tres entre 1979 y 1982 y las tres restantes entre 1983 y 2013. Eso sí, de acuerdo con el informe, ocho de las nueve muertes «necesitan mayor investigación».

Junto a estos decesos, que se podrían considerar fruto de excesos policiales, el estudio incluye tres muertes «por la pena capital» –que fue prohibida en la Constitución de 1978– y otras 83 agrupadas en una serie de categorías que se prestan a varias interpretaciones. Así, 20 de estas muertes se produjeron «en controles policiales o similares», en los que probablemente hubo tiroteos y, por ello, pudieron morir tanto terroristas como policías. Lo mismo ocurre con las 17 muertes derivadas de «altercados de policías fuera de servicio», ya que a los terroristas les importa poco si un agente se encuentra o no en horario laboral. Mientras, otros 20 de estos fallecimientos fueron consecuencia de «confusiones, errores, abusos u otros» sin mayor detalle y otros 30 se registraron «en manifestaciones y movilizaciones», en las que, desgraciadamente, ha sido habitual ver ataques a la Policía y ésta no ha tenido otra opción que defenderse.

El informe mantiene esta confusa clasificación a la hora de hablar de personas heridas a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo total eleva a 746. De ellas, ninguna fue herida cuando se encontraba en dependencias policiales y la inmensa mayoría (641) sufrieron «heridas graves en manifestaciones» en las que, como se apuntaba antes, probablemente parte de los asistentes subiesen el tono de sus protestas y se registrasen toda clase de incidentes. En contraste, el propio documento recoge entre 2.365 y 2.600 heridos por ataques de ETA, la mayor parte de ellos en atentados (2.179). La cifra de heridos a manos de grupos paramilitares y de extrema derecha se queda en 426 personas.

Tras exponer estos datos, Uriarte y el resto de redactores del texto plantean una serie de recomendaciones y sugerencias, que arrancan con la afirmación de que «todas las víctimas de violaciones graves de derechos humanos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación». Con carácter general, proponen a las instituciones públicas que cumplan con «las recomendaciones formuladas por los organismos oficiales internacionales de monitoreo de los derechos humanos»; a las instituciones, las organizaciones públicas y la sociedad civil que respeten y defiendan «el conjunto de los derechos humanos como bloque indivisible y corazón del Estado de Derecho» y que hagan «una lectura autocrítica y responsable del pasado»; y a los partidos políticos vascos que preserven las políticas de derechos humanos y acompañamiento a las víctimas «al margen de la lucha partidaria». Nada piden a ETA.

Después de una serie de apuntes específicos en defensa de la legislación en pro de las víctimas y la investigación de los atentados terroristas no esclarecidos, el informe concluye con una propuesta final: que se piense en el «ámbito familiar». De esta forma, aboga por tener en cuenta «el padecimiento de cada miembro de la familia de alguien que se ha visto amenazado, extorsionado o difamado por ETA», pero también «el de las familias de los presos o el de cada una de las familias de las 40.000 personas detenidas, de las que, según el Ministerio de Interior, menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA». «Pero, sobre todo, téngase en cuenta que 277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia: suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales... Aunque todo ello no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido», asevera.

Durante la presentación del informe, el lendakari, Iñigo Urkullu, aseguró que éste incluye «datos objetivos» que reflejan «la verdad de lo ocurrido». Mientras, Uriarte incidió en que el texto quiere ser «una modesta contribución a la paz y la reconciliación» y que ha sido elaborado desde una «exquisita sensibilidad». En contra de estos argumentos, la Confederación Española de Policía (CEP) censuró el informe por «humillar a las víctimas de ETA», informa Europa Press.

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