El borrador de la nueva Ley de Personal de la Guardia Civil, que sustituirá a la actual, de 1999, contempla julio de 2017 como la fecha en la que se producirá la integración de escalas del personal del Cuerpo, según ha podido saber ATENEA de fuentes oficiales.

A pesar de que dicha integración (enmarcada en el Espacio Europeo de Educación Superior y el 'Plan Bolonia') está pendiente desde el año 2007, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, no quiere que una precipitación a la hora de aprobar la nueva normativa "nos conduzca al fracaso que han supuesto los 18.000 recursos presentados a la Ley de la Carrera Militar", ha asegurado a ATENEA.

Dichos recursos, admitidos a trámite pero todavía en fase de resolución, estuvieron motivados, principalmente, porque el nuevo modelo de carrera militar que introdujo la Ley "rompió con las expectativas profesionales de los militares al unir diferentes escalafones y modificar ascensos", según la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

Para que esto no ocurra en la Guardia Civil, Fernández de Mesa quiere que la nueva normativa de la Benemérita "salga adelante con el consenso más amplio posible", algo que no ocurrió en el caso de la Ley de la Carrera Militar, que se aprobó en el Congreso sin el apoyo del principal partido de la oposición.

El director general de la Guardia Civil intentará, por tanto, que asociaciones, altos mandos del Cuerpo y grupos parlamentarios respalden el proyecto de Ley de Personal que se está elaborando, "para que dé estabilidad a los guardias civiles durante muchos años y no sea modificada por el gobierno de turno".

La Ley, rechazada "por motivos económicos"

Pero, en todo este proceso, se está encontrando con las trabas del Ministerio de Hacienda, porque la nueva normativa, tal y como ha estado planteada hasta ahora, podría suponer un coste de 150 millones de euros, según fuentes de este Departamento consultadas por ATENEA.

De hecho, la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado (paso previo al Consejo de Ministros) ha rechazado recientemente el borrador que la Dirección General de la Guardia Civil le había presentado. Y lo ha hecho, como así lo confirma Fernández de Mesa, "por motivos económicos".

La integración de escalas, en el caso de las Fuerzas Armadas, conllevó numerosos cursos de actualización, gastos en el profesorado que debía impartir estos cursos, dietas para los militares que se desplazaban a los centros en los que se impartían (academias militares), etcétera. Ese mismo gasto se ocasionaría en la Guardia Civil, y el Departamento que dirige Cristóbal Montoro no parece dispuesto a realizar tamaña inversión.

Fernández de Mesa subraya, no obstante, que aunque los trámites "están resultando más lentos de lo previsto" (él quería que la nueva ley "entrase" en el Congreso el pasado mes de junio), "estamos dando los pasos adecuados".

El texto sobre el que trabaja la Dirección General de la Guardia Civil "es el que dejó presentado el Partido Socialista", explica Fernández de Mesa, "pero trataremos de mejorarlo en el Congreso durante el trámite parlamentario", afirma.

La nueva Ley de Personal de la Guardia Civil regulará, entre otros aspectos, la integración de las diferentes escalas en una sola, tal y como sucedió en las Fuerzas Armadas tras la aprobación, en 2007, de la Ley de la Carrera Militar.

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