El catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco  (UPV/EHU) Ignacio Muñagorri ha advertido de que el ministro del  Interior, Jorge Fernández Díaz, pudo haber cometido un delito de  "prevaricación" por la denegación de indemnizaciones a varias  víctimas del GAL y otros grupos terroristas que previamente ya habían  sido reconocidas legalmente como damnificados por el terrorismo.

Muñagorri ha comparecido este lunes ante la Comisión de Derechos  Humanos del Parlamento vasco para presentar, junto a la profesora de  Derecho Penal Ana Pérez Machío, un informe que analiza la denegación  de ayudas a varias víctimas del GAL, el Batallón Vasco Español y la  Triple A por parte del Ministerio del Interior. 

El informe, que ya se había dado a conocer a mediados de este mes,  analiza la decisión del Ministerio del Interior de denegar varias  solicitudes de actualización de ayudas a personas que ya habían sido  reconocidas previamente como víctimas del terrorismo y que ya habían  sido indemnizadas por ello. 

Estas personas, al igual que otras a las que sí se concedió la  actualización de la ayuda, solicitaban que se les incrementase la  indemnización inicial, dado que el importe de este tipo de ayudas se  había incrementado por un cambio legislativo posterior. 

La negativa a revisar las compensaciones por parte del Gobierno  central se sustenta en el artículo 8.2 del 'Convenio Europeo sobre  Indemnizaciones a víctimas de delitos violentos'. Este artículo  establece la posibilidad de "reducir o suprimir las indemnizaciones  si la víctima o solicitante participó en delincuencia organizada o  pertenece a una organización que perpetra delitos violentos". 

INTERPRETACION "FALSARIA" 

El informe, tal y como ha explicado Muñagorri, considera que el  Ministerio del Interior "desvirtuó" el contenido del referido  convenio, puesto que basó su decisión de denegar la actualización de  ayudas en meros informes policiales u otro tipo de elementos  probatorios "insuficientes" ante el derecho a la presunción de  inocencia y a las debidas garantías jurídicas. 

A su juicio, para rechazar una petición de indemnización a una  víctima del terrorismo reconocida como tal y hacerlo sobre la base  del convenio europeo sobre esta materia, sería necesario que exista  una condena judicial firme que acredite la participación delictiva o  pertenencia a organización criminal de la que habla el artículo 8.2. 

En opinión de Muñagorri, con esta interpretación "arbitraria" y  "falsaria" del texto europeo, el Ministerio "vulnera" el principio de  legalidad, la separación de poderes, la presunción de inocencia. "Se  atribuye a un mero informe policial una capacidad de prueba capaz de  destruir la presunción de inocencia", ha censurado. 

SIN "GARANTÍAS" 

En la misma línea, ha alertado de que con este procedimiento "se  vacían de forma inadmisible las garantías procesales y el principio  de la separación de poderes". El catedrático de Derecho Penal ha  llegado a plantear la posibilidad de que el propio ministro del  Interior haya podido incurrir en un delito de prevaricación por la  forma en la que se ha gestionado este asunto. Este tipo penal se  refiere a aquellos casos en los que  una autoridad dicta una  resolución a sabiendas de que es injusta. 

"Es cierto que en relación con los delitos, pensamos que había un  ilícito penal grave por parte de quien firma las solicitudes de  indemnización, a efectos puramente de firma, que es el ministro, y  por parte de quien firma las respuestas denegatorias a los recursos  de reposición", ha manifestado. 

TRIBUNAL DE LA UE 

De hecho, ha asegurado que "estudiando el tipo delictivo recogido  en el artículo 404 del Código Penal (referido a la prevaricación), sí  vemos que están todos los elementos del tipo: los subjetivos, tanto  el cognitivo como el volitivo, y el elemento de resultado objetivo a  partir de los supuestos de hecho que recoge el tipo de  prevaricación", ha manifestado. 

Este experto ha alertado de que con este tipo de actitudes se está  produciendo "un vaciamiento de contenidos constitucionales básicos".  A su juicio, este tema puede acabar dirimiéndose en los tribunales de  justicia y llegar incluso al Tribunal de Derechos Humanos de la UE.

http://www.deia.com/2014/03/31/politica/euskadi/expertos-creen-que-el-ministro-del-interior-pudo-prevaricar-por-negar-ayudas-a-victimas-del-gal-