Los alféreces de la Guardia Civil son los apestados en la escala de oficiales del instituto armado. Al menos desde el punto de vista económico. Un primer borrador del proyecto de Ley de Personal propuesto por el Gobierno, que no llegó al Consejo de Ministros, reconocía que, como oficiales, estos profesionales deberían pertenecer al grupo A1 de funcionarios, con todo lo que eso conlleva a efectos de salario.

Sin embargo, según fuentes del instituto armado consultadas por Seguridad y Tribunales, el Ministerio de Hacienda se opuso a que los alféceres fueran incluidos en ese grupo A1. El departamento dirigido por Cristobal Montoro argumentó que no había presupuesto y los volvió a pasar al grupo A2 de la Administración del Estado, donde están en la actualidad. Por lo tanto, es en este último grupo donde los engloba el proyecto de ley definitivo elevado a Las Cortes por el Consejo de Ministros el pasado 21 de marzo.

Si un sargento asciende a oficial, continuará por tanto cobrando como si fuera suboficial, a pesar de que tendrá la obligación de asumir funciones de mando dentro del cuerpo. El presidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Francisco García, califica de "vergonzoso" el hecho de que estos funcionarios sufran esta discriminación. "Son oficiales, trabajan como tales y ejercen las funciones propias de los oficiales; sin embargo, no tienen el mismo sueldo", critica.

El propio director general del instituto armado, Arsenio Fernández de Mesa, admitió que la situación era injusta durante una sesión del Consejo de la Guardia Civil, que agrupa a representantes de la Administración y de las asociaciones con el fin de debatir asuntos laborales, celebrada el 17 de diciembre, tres meses antes de la aprobación del proyecto de ley. "Hay que luchar porque se mantenga el empleo de alférez y que se atienda como requiere el primer empleo de la escala de oficiales", señaló en el citado foro Fernández de Mesa, quien matizó, sin embargo, que a día de hoy "no hay elementos jurídicos" para solucionarlo, aunque se mostró abierto a estudiar cualquier solución. También añadió el director de la Guardia Civil que la Ley de Personal podría ser un buen momento para arreglar el problema.

Sin embargo, ahora, recuerda Francisco García, de la Unión de Oficiales, "se está modificando la ley y este punto va a seguir igual". "Es indignante en un estado de derecho exigir un trabajo y pagar menos de lo que corresponde; eso tiene un nombre: explotación", califica García, quien afirma que "los distintos gobiernos se han aprovechado de la poca capacidad que tiene la Guardia Civil para protestar". "Eso sí, luego les falta tiempo a nuestros políticos para lanzarnos piropos", añade.

2.000 jefes enfadados

El proyecto de Ley de Personal de la Guardia Civil ha puesto de uñas a más de 2.000 jefes del instituto armado por este y otros motivos. Entre ellos, que el texto obliga a los oficiales de promoción interna a realizar un curso de un año para integrarse en la nueva y única escala profesional que resultará tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Además, el proyecto les impide el acceso a la escala resultante al menos hasta ascender a capitán.

En concreto, la norma afecta a los mandos del instituto armado que proceden de la promoción interna, ya que el resto –alrededor de mil oficiales– serán integrados directamente en la nueva escala. Estos últimos corresponden con los que cursaron estudios en la Academia General Militar de Zaragoza, de donde salieron directamente como mandos.

Según la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, organización que agrupa tanto a mandos procedentes de promoción interna como a los que estudiaron en la Academia General Militar de Zaragoza, la futura Ley de Personal desmotiva a los profesionales, pues les condena a estar estancados en una categoría profesional sin posibilidades de ascender.

El proyecto de Ley de Personal está siendo tramitado por la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. La mesa del Congreso delegó en esta comisión la tramitación y le concedió facultades legislativas plenas. En estos momentos, se encuentra en fase de presentación de enmiendas, periodo que se alargará previsiblemente hasta finales de mayo. Luego pasará al Senado, donde se repetirá el mismo formato que en la cámara baja.