Por la puerta de atrás, con una enmienda presentada en el Congreso de los Diputados en el marco del Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público que hoy comienza su tramitación parlamentaria, el PP quiere modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para abrir la puerta al personal militar de carrera a la administración civil.

En una disposición adicional a la Ley 7/2007, el PP abre la posibilidad de que los militares de carrera (no afectaría al grueso de la tropa) ocupen "aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad" en cualquier administración. Aunque no detalla a qué puestos podrán acceder, sí que las condiciones serán "de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa".

Si la enmienda sale adelante, al personal militar que pase a ocupar plazas en la administración civil (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o la Administración del Estado) "le será de aplicación la normativa propia" en materia de jornada, vacaciones, permisos y licencias, "si bien la sanción de separación del servicio sólo podrá imponerse por el ministro de Defensa". A los militares no les podrán aplicar "lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, situaciones administrativas y movilidad", sin perjuicio de que podrían participar en procedimientos de provisión de otros puestos "abiertos a este personal en la administración civil".

El PP argumenta que esta medida fomentará "la movilidad", entre los funcionarios de las administraciones, pero los sindicatos lo califican de "despropósito". A la central CSIF, que no entra a valorar la "legítima reivindicación", de que el personal militar opte a puestos civiles, no le parece lógico que "medidas de este calado se adopten de manera unilateral, sin negociar con los legítimos representantes de los trabajadores". CC OO cree una "barbaridad", la modificación legislativa. Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical, sostiene que podría ser un primer paso para la "militarización de la administración" que además podría provocar serios problemas porque "ese personal seguiría sujeto a legislación militar". Juan Antonio Gilabert, secretario de acción sindical de UGT, cree, en la misma línea, que el PP está dando un portazo a la negociación: "Le hemos mandado una carta al secretario de estado pidiendo una mesa negociación Administraciones Públicas. La falta de diálogo es permanente. Nos parece perfecto que los militares desarrollen su carrera profesional en otra administración pero no que se haga de esta manera. Es una locura". UGT apuesta por "un ejército más especializado", en la línea opuesta a lo que interpreta de la enmienda popular. "Son medidas fruto de la improvisación. Si algo necesitamos es mejores militares".

El proyecto que inicia hoy sus trabajos en la Comisión de Hacienda y Administraciones Pública podrá incorporar otras propuestas del PP que para el CSIF "apuestan por la figura del personal interino, en vez de apostar por el empleo fijo y de calidad". Otra de las modificaciones servirá para facilitar la movilidad del personal de libre designación.

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