La UO consigue la anulación de una orden general en cuya tramitación se había despreciado a las asociaciones profesionales

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- Asistencia en expediente disciplinario

Bella Villanueva Abogados
Calle Cea Bermúdez 56, 1º derecha.
Semiesquina Guzmán el Bueno
C.P. 28003.- MADRID
Letrada Directora: Dª María Bella García Villanueva
E-Mail: bella@bvillanuevaabogados.com

- Confección de instancias o recursos no judiciales

Bella Villanueva Abogados
Calle Cea Bermúdez 56, 1º derecha.
Semiesquina Guzmán el Bueno
C.P. 28003.- MADRID
Letrada Directora: Dª María Bella García Villanueva
E-Mail: bella@bvillanuevaabogados.com

- Contencioso administrativo

Bella Villanueva Abogados
Calle Cea Bermúdez 56, 1º derecha.
Semiesquina Guzmán el Bueno
C.P. 28003.- MADRID
Letrada Directora: Dª María Bella García Villanueva
E-Mail: bella@bvillanuevaabogados.com

- Reclamación de haberes
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- Asistencia Penal

Alauda Abogados, Bufete Multidisciplinar
Calle Hermanos Pinzón, 3, Bajo Izquierda
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Letrado: D. Jesús Martín Vázquez
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- Queja Sobre Asistencia Jurídica
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NOTICIA

04-02-2017 - Dirección - Union de Oficiales Twittear La UO consigue la anulación de una orden general en cuya tramitación se había despreciado a las asociaciones profesionales El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite los argumentos de nuestros servicios jurídicos y declara nula la Orden General 8/2015 al no cumplir el preceptivo trámite de ser informada previamente por el Consejo de la Guardia Civil en el que participan las asociaciones en representación de los guardias civiles Dicha Orden General, de fecha 24 de septiembre, tiene por finalidad regular el Sistema de Intervención Operativa en la Guardia Civil, es decir, todo lo relacionado con la formación, instrucción y actuación de los componentes del Cuerpo en materia de seguridad ciudadana. El Sistema de Intervención Operativa afecta a todo el personal de la Guardia Civil desde su ingreso en los Centros Docentes de Formación y a lo largo de toda su carrera profesional en las Unidades, poniendo al alcance de los miembros del Cuerpo una herramienta adecuada que les permita afrontar con seguridad y eficacia aquellas situaciones de riesgo con las que pudieran encontrarse en el desarrollo del servicio. Ahora bien, dicha normativa había sido aprobada omitiendo el preceptivo informe del Consejo de la Guardia Civil, tal y como dispone el artículo 54 de la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, toda vez que, con carácter general, dicho artículo establece que el Consejo tiene que tener conocimiento y ser oído previamente en asuntos que afecten a aspectos sociales, profesionales y económicos de los guardias civiles, así como antes de dictar disposiciones legales o reglamentarias. En su sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM rechaza todos los argumentos utilizados por la Administración para solicitar la inadmisibilidad del recurso, al considerar que el informe previo establecido en la ley anteriormente citada contribuye “a un mejor ejercicio de la potestad normativa desde la doble perspectiva de las condiciones de trabajo de los guardias civiles y el funcionamiento de la propia Institución”. Además, aprecia que la omisión del citado informe “ha privado al Gobierno de los elementos de juicio necesarios (...) para la mejora que se busca de las condiciones profesionales y del funcionamiento del Instituto”. La Unión de Oficiales Guardia Civil (UO) lamenta que, una vez más, el ejercicio de un derecho recogido por Ley Orgánica tenga que ser garantizado a golpe de sentencia y de que las asociaciones profesionales que defienden los intereses de los guardias civiles sigan siendo menospreciadas por la Dirección General de la Guardia Civil, que hasta ahora ha estado más empeñada en convertir el Consejo en una mera comparsa que en un órgano que contribuya a mejorar de forma efectiva nuestras condiciones profesionales. Así, por un lado tenemos una Ley Orgánica que reconoce el necesario papel de las asociaciones como legítimos portavoces de las condiciones de trabajo de los guardias civiles pero, por otro, a una Dirección General que pone todos los pretextos posibles para minimizar el papel que éstas desempeñan el Consejo de la Guardia Civil, único órgano donde sus limitados derechos profesionales pueden ser defendidos. Y una vez más, así ha sido atestiguado por la Justicia. Como asociación y con el firme compromiso de defender los derechos e intereses profesionales de los guardias civiles, la Unión de Oficiales seguirá trabajando con todos sus medios porque podamos contar con mecanismos de representación adecuados, acordes al necesario papel que debemos desempeñar en el desarrollo y mejora de la Guardia Civil. En todo caso, esta asociación quiere tender la mano al nuevo Director y buscar soluciones dialogadas para los problemas que, a día de hoy, tiene sobre la mesa como, por ejemplo, los derivados de la integración de escalas o la convocatoria del curso CACES, que no ha tenido en cuenta los derechos de todos los afectados y, mucho menos, la opinión o informe del Consejo o de las Asociaciones. Para la Unión de Oficiales es preciso trabajar mecanismos de consenso que eviten acudir de forma reiterada a los tribunales para ejercer nuestros derechos algo que daña la imagen de la Guardia Civil y a lo que, por desgracia, nos empuja con demasiada frecuencia la Dirección General. UNIÓN OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL Madrid, 4 de febrero de 2017

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