Mediante un escrito de fecha 30 de abril de 2015, amparado en el informe que el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil había emitido previamente (en el que se tomaba en consideración un “pantallazo” de la página web del Hostal Las Vegas, no habiéndose aportado, siquiera, las facturas efectivamente emitidas por el establecimiento) y la información verbal proporcionada, por persona no identificada, a los agentes del referido Servicio que en fecha no determinada se personó en el referido Hostal y solicitaron información relativa al precio del alojamiento); el Ministerio Fiscal denunciaba que, durante el período comprendido entre enero de 2011 y noviembre de 2014, los 138 Guardias Civiles y el funcionario civil investigados, formularon reclamación de indemnización por razón de servicio, justificando gastos de alojamiento mediante facturas emitidas por el Hostal Las Vegas, dándose la circunstancia de que, en iguales fechas, dichos comisionados figuraban hospedados en la Residencia de Oficiales y Suboficiales del Servicio de Material Móvil de la Guardia Civil.

Sin embargo, ninguna gestión se llevó a cabo, ni en fase policial ni en las Diligencias de Investigación abiertas en Fiscalía (tampoco en fase judicial se ha solicitado por parte de la Acusación Pública diligencias en este sentido), para acreditar que los guardias civiles investigados pernoctaran efectivamente en la referida Residencia Oficial y no en el Hostal Las Vegas o, en caso de que las habitaciones reservadas hubieran sido ocupadas, quién o quiénes hubieran hecho uso de las mismas, habida cuenta de que muchas de ellas son dobles, o triples, y que, incluso, en la Residencia de Material Móvil también pueden alojarse los familiares de los Guardias Civiles. Nada se ha hecho al respecto, obligando de esta forma a los propios agentes a demostrar que efectivamente pernoctaron en el Hostal, algo que invierte claramente la carga de la prueba recogida en nuestro ordenamiento jurídico, vulnerándose así Derechos Fundamentales constitucionalmente protegidos.

La misma suerte ha corrido la investigación por el presunto delito de falsedad en documento mercantil, del que los 138 Guardias Civiles serían cooperadores necesarios, puesto que la Instructora tampoco ha observado indicio alguno de posible comisión de dicho delito. Y ello porque, una vez más, el Ministerio Público basó su denuncia en una supuesta variación entre el precio del alojamiento ofertado en la web del Hostal y el efectivamente facturado, sin que, por el contrario, se tuvieran en cuenta las facturas emitidas (a día de hoy, no constan en actuaciones), las variaciones que hubieran podido sufrir los precios a lo largo de los 4 años en que se supuestamente se desarrollaron los hechos objeto de denuncia, la temporada en que el alojamiento haya tenido lugar, la habitación ocupada, ni, en fin, algo tan básico como el que no se abonara el importe de las facturas supuestamente falsificadas.

A más a más, y por si lo relatado hasta el momento no fuera suficiente, ni siquiera los hechos denunciados serían constitutivos de un delito de estafa, sino de una falta de estafa, por haber sido supuestamente cometidos con anterioridad a la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y ser el importe del perjuicio total reclamado inferior a 400€. Así, teniendo en cuenta que, en virtud del Artículo 131 del Código Penal vigente en aquél momento, las faltas prescriben a los 6 meses, que los hechos hubieran tenido lugar a lo largo de los años 2011 y 2014 y que la denuncia de Fiscalía no se interpone sino hasta el mes de abril de 2015, nos encontramos con que la responsabilidad criminal de, al menos, 136 de los Guardias Civiles investigados se ha extinguido por el referido instituto de la prescripción.

En definitiva, un procedimiento penal que se ha visto protagonizado por la absoluta negligencia tanto del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil como del Ministerio Fiscal a la hora de desarrollar su labor como investigadores, no sólo en las fases en que eran ellos mismos los instructores, sino también una vez incoado oportuno procedimiento judicial, y que se ha traducido en un auténtico calvario para los Guardias Civiles investigados en una causa que, en la mayoría de los casos, “nació muerta” por estar prescritos los hechos.