Por ello, la respuesta institucional debe basarse en la necesidad de atender con inmediatez los casos, adaptándola a las circunstancias concretas y gravedad del hecho, para asegurar a las víctimas un tratamiento adecuado, personalizado y específico.

Sin embargo, y para atender estas incidencias, los Puestos de la Guardia Civil, que ya de por sí atienden numerosas y diversas de funciones, deben detraer recursos humanos de sus plantillas, ya que llevar a cabo los objetivos marcados en la Instrucción nº 12/2018 de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, requiere multitud de tareas en línea de mejora y perfeccionamiento constante, con respecto a las medidas policiales de protección que deben ser las más adecuadas a las circunstancias y nivel de riesgos, ajustando la actuación policial con vigilancias frecuentes y aleatorias en domicilio y lugar de trabajo de la víctima, así como en entrada/salida centros escolares de los hijos, manteniendo contactos personales, esporádicos y discretos, con la víctima, planteándose una cuestión de indudable trascendencia que, tristemente, está centrando la atención de la sociedad tras el incremento de los casos de asesinatos de mujeres y menores víctimas de la violencia de género, y cuando con consternación, tenemos que constatar la escasez de efectivos disponibles para la protección de las víctimas de la violencia de género. Circunstancia que impide ofrecer un servicio de calidad a mujeres, menores y mayores que conviven en el mismo núcleo familiar donde se suscita este tipo de delitos. Es decir, los esfuerzos de las unidades territoriales que realizan a diario tareas de seguridad ciudadana resultan en muchos casos, ineficaces, a la hora de solventar el déficit de recursos humanos asignados a esa tarea de protección.

La cuestión es que, esta actividad, mientras no surjan situaciones puntuales de emergencia y riesgo que, lógicamente requieren la intervención de las patrullas de servicio, son mayormente de índole continuo o rutinario. Las cuales, por tanto, pueden ser desempeñadas sin mayores problemas, por personal que haya cumplido una determinada edad, ya que son acciones algo más sedentarias. En realidad, esta situación se está dando en la práctica, como medida organizativa que están adoptando frecuentemente los jefes de unidades, en aquellos Puestos de la Guardia Civil que disponen de personal con edad para su pase a reserva, pero que ha decidido continuar en el servicio activo.

Hablamos de personal que, lógicamente requiere una formación inicial especializada, pero que tiene a su favor una gran experiencia profesional para saber gestionar el día a día que conlleva la atención a las víctimas de violencia de género.

La propuesta en consecuencia, que se formula a los responsables ministeriales es ofertar paulatinamente, vacantes para personal en Reserva no ocupada, para reforzar la red de alerta establecidos en el sistema VioGén, contribuyendo de este modo a atender esta demanda y reto tan importante que debe asumir la Guardia Civil, en el cumplimiento de las competencias que le atribuye la Ley.