Hace unos días el presidente de Unión de Oficiales lanzaba un mensaje que ha generado cierta inquietud y que guarda una estrecha relación con el proceso de Equiparación Salarial. Como todos saben, sindicatos y asociaciones firmaron un Acuerdo con el Ministerio del Interior que establecía una cantidad provisional de 807 millones, sujeta a la revisión de un proceso de consultoría.

La Secretaría de Estado de Seguridad está ocultando el informe que, como ya es público, la consultora hubo de presentar en el Registro para evitar que la SES pudiera responsabilizarles de la no entrega en plazo. A día de hoy la SES sigue guardando silencio.

Existe la pretensión de incluir la valoración del uso de los pabellones como una cuantía global que recibe la Guardia Civil y que debe descontarse del montante que en concepto de equiparación debe recibir. En palabras del mismo Director General, unos 30 millones de euros (esto es el doble de lo que cuesta la regularización de CES que se había acordado en el ámbito de la Guardia Civil para elevar los CES más bajos de núcleos, servicios de protección, jefes de equipo y unidad, brigadas, etc…) y que la Secretaria de Estado y el Director de la Guardia Civil están incumpliendo pese a estar firmado. Y ahora viene la polémica. A muchos le parece bien que se cobre por los pabellones, pero no se dan cuenta que estamos ante otro problema distinto.  De momento no se trata de cobrar por los pabellones, sino valoran el beneficio que en su conjunto tiene la Guardia Civil y detraerlo del total del presupuesto de equiparación que le correspondería, repercutiendo en el conjunto de los guardias civiles, tengan o no tengan asignado un pabellón. Es decir, esto lo pagaría el conjunto de la Guardia Civil que vería reducida nuevamente la cantidad que le corresponde recibir en concepto de equiparación.

Lo anterior sería injusto si no se acompaña de un proceso de pago por el uso, ya que no todos los guardias civiles disponen de vivienda. Tocaría hacer que paguen a quienes usan los pabellones. Por eso se establecería un “precio público” a modo de canon de uso (en función del tipo de pabellón, ubicación, etc.) El dinero recaudado a modo de precio público, en el caso de que se permitiese que permaneciera en el presupuesto de Guardia Civil y no tuviese que ser ingresado al Tesoro, iría al mantenimiento de los propios pabellones, pero no a compensar los 30 millones que perderían todos los guardia civiles al detraerlos de la cantidad total de equiparación. Tenemos como ejemplo las cantidades que se pagan por usar las residencias de verano… ¿acaso ese dinero se destina a compensar a quienes no disfrutan de la residencia?

Lo que pretende la Secretaría de Estado ocasionará un doble perjuicio a la Guardia Civil y al conjunto de guardias civiles, tengan o no tengan vivienda, porque esos 30 millones que perderá la Guardia Civil, además, provocará el pago por las viviendas, sin suponer ninguna compensación para quienes no disponen de pabellón. Si consideran que se debe cobrar un precio por las viviendas nos parece bien, pero esto nunca debiera mezclarse ni interferir con el proceso de equiparación porque son cuestiones absolutamente distintas.

Y ya que estamos en harina, debemos preguntarnos ¿por qué la SES no hace público el informe? La respuesta es sencilla. La SES rechaza el informe de la consultora porque no cumple al 100% la comparativa de puesto a puesto, algo que es imposible hacer con todos los puestos porque, sencillamente, los que existen en un cuerpo no existen en otro.  Si la SES es capaz de “neutralizar” el informe de la consultora, habrá conseguido que la única cifra a repartir sea la provisional de los 807 millones que figuran en el acuerdo. Los sindicatos de Policía son muy conscientes de la situación. Por eso su empeño ha sido romper el % de reparto, porque los 807 millones son una cantidad cierta sobre la que tratan de conseguir el máximo. Roto el criterio de reparto para 2019, y ante la expectativa de que el informe de la consultora no sea considerado válido, en el tramo de 2020 puede ocurrir cualquier cosa, dado que el criterio de reparto, de forma unilateral y con absoluto desprecio a las asociaciones de la Guardia Civil, ha quedado roto.

Con esto no se pretende generar división, al contrario, informar de lo que está ocurriendo, informar de lo que no cuenta nadie y de la estrategia que, a nuestro juicio, sigue la Secretaría de Estado de Seguridad, que es la que está ocultando el informe y la que ha tomado medidas en contra de lo acordado para fracturar a policías y guardias civiles.

UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL