Policías nacionales y guardias civiles sospechan que el veto ante la Mesa del Congreso que formalizará este martes el Gobierno para que no se tramite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol es la prueba que anticipa que el Ministerio del Interior se desentenderá del espíritu del acuerdo de equiparación salarial firmado por el Ejecutivo del PP en marzo de 2018 cuando dentro de unos meses abone el tercer tramo.

El bipartito anunció a finales de la pasada semana que vetaba la tramitación parlamentaria de la ILP al entender que es «insostenible» igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios por cuanto cada administración tiene sus competencias en esta materia. El PSOE ya defendió en noviembre de 2018 que la propuesta original era «contraria a preceptos constitucionales» y que «abría diferencias entre funcionarios del Estado».

A la espera de que se concrete el reparto entre policías nacionales y guardias civiles de los 247 millones de euros correspondientes al último tramo, con el que se completarían los 807 millones comprometidos inicialmente, la sensación que se extiende entre los agentes es que el Ministerio del Interior convertirá en papel mojado dos de las cláusulas que detalla el acuerdo firmado con Juan Ignacio Zoido hace casi dos años: ni habrá correcciones en los cálculos para que la igualdad retributiva sea «total y absoluta» (la primera) ni se atisba por ahora el impulso a las «medidas legislativas que sean necesarias» a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan «una disfunción salarial» entre policías, como detalla el documento en su punto octavo.

«Creemos que estamos ante una prueba más, seguramente la definitiva, de que el Gobierno da por cumplido el acuerdo de 2018 sólo con el pago del tercer tramo y que no tiene una intención real de llevar a efecto el resto de cláusulas. Hace meses que se nos entregó un trabajo de auditoría que no sólo no aceptamos sino que tenemos judicializado. Al Gobierno no le interesa saber cuánto dinero hace falta más para lograr la equiparación. Y no hay voluntad, como vemos ahora, de que una norma, sea aprobada mediante ILP o la cláusula octava del acuerdo que firmamos en su momento, acabe para siempre con esta desigualdad», expone Víctor M. Vigil, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP).

Este sindicalista no olvida que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ya pidió al Consejo de Estado un dictamen que concluyó que los acuerdos adoptados por el equipo de Zoido no les vinculaban jurídicamente, lo que allana el camino al incumplimiento. «El escenario que se abre ahora es el de la reivindicación, la exigencia de cumplir lo acordado. En los tribunales, como venía haciendo CEP, pero también en la calle. Porque las vulneraciones del acuerdo están siendo reiteradas y los policías no entendemos por qué. Nos debemos a ellos y nos sumaremos a las protestas que busquen avanzar en la igualdad salarial, sin peros ni matices. Esto ya no es una cuestión de siglas. Es exigir al Gobierno que nos respete», zanja.

Junto con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la CEP fue una de las organizaciones que el 12 de marzo de 2018 firmaron un acuerdo histórico para la subida de las retribuciones a los funcionarios del Cuerpo Nacional y de la Guardia Civil. No así la plataforma Jusapol, que se negó a suscribirlo con el argumento de que los 807 millones representaban poco más de la mitad del dinero que -en su opinión- se necesitaba realmente: 1.500 millones de euros.

«Estoy totalmente convencido de que, con los 247 millones, el Gobierno quiere finiquitar el acuerdo de equiparación salarial. Todos sabemos que hubo influencia en la auditoría externa, todos sabemos que pidieron una opinión [al Consejo de Estado] para ver si podían romper este pacto, todos sabemos que cuando estaba en el oposición al señor Pedro Sánchez se le llenaba la boca con el tema de la equiparación y resulta que se le ha olvidado rápido», critica Pablo Pérez, portavoz de Jupol (el brazo de Jusapol en la Policía).

Pérez advierte de que la respuesta al veto del Gobierno a la ILP -para la que llegaron a reunir 550.000 firmas- será el «endurecimiento» de las medidas de protesta en la calle, como quieren poner de manifiesto este martes por la mañana a las puertas del Congreso. Jusapol tratará de movilizar a centenares de policías y guardias civiles procedentes de diversas provincias de España.

Jupol: «Sí hay dinero para Cataluña»

«Basta ya de mentiras. Sí que hay dinero, que no nos engañen. Hemos visto una última partida presupuestaria para Cataluña, para Mossos e infraestructuras, que supera los 1.500 millones. Eso de que no hay dinero es mentira. Lo hay para quien ellos quieren, a quien ellos se deben porque es presidente gracias a ellos», agrega.

El SUP considera que ha llegado el momento de que el ministro Grande-Marlaska «declare públicamente su compromiso» con la totalidad de las cláusulas que su antecesor en el cargo rubricó con los representantes de ambos Cuerpos. «Los policías nacionales estamos a la altura de los retos contra los que luchamos y la nuestra es una de las instituciones más valoradas de España. Eso es así por la eficacia en el servicio, los resultados contra la delincuencia, la cercanía al ciudadano y el rigor de nuestro trabajo», expone Mónica Gracia, secretaria general de este sindicato.

FUENTE: https://www.elindependiente.com/politica/2020/03/03/policias-y-guardias-civiles-temen-que-interior-cierre-la-equiparacion-salarial-con-el-tercer-pago/?utm_source=share_buttons&utm_medium=facebook&utm_campaign=social_share&fbclid=IwAR2bXFhh4cwTN5J9ibqdBnLHbmtAjCiS3bZDGLaOR_V9SNQDQC82y2zvKiQ