La nueva ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ (lo pongo entre comillas porque su intención es exactamente la contraria) constituye un monumento al odio que destila Frankenstein contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad nacionales: Guardia Civil y Policía. Tan es así, que los integrantes del engendro pugnan por apuntarse el mérito de un texto cuyo propósito es dejar vendidos a los agentes ante cualquier manifestación de violencia callejera, privarles de instrumentos materiales y legales para hacer frente a esos episodios, colocarles a ellos y sus familias en la diana de cuantos especialistas en provocar disturbios quieran grabarles en el desempeño de sus funciones para posteriormente desvelar su identidad, por supuesto desde el cobarde anonimato, e invertir la carga de la prueba hurtándoles la presunción de veracidad de la que actualmente gozan sus atestados. Dicho de otro modo, humillar a policías y guardias civiles mientras resultan blanqueados y bendecidos con la máxima protección del Estado todo tipo de bárbaros, exaltados dispuestos a tomar como rehén a la ciudadanía cada vez que se consideren ofendidos, destructores del mobiliario urbano y demás ralea abundante en las filas del independentismo y la izquierda extrema. La inquina que profesan separatistas catalanes y vascos a los uniformados defensores de la Constitución viene de lejos. Por eso unos y otros se aseguraron el control de sus propios cuerpos de seguridad, Mossos y Ertzaintza, incentivados con sueldos muy superiores a los que perciben las fuerzas nacionales, en un agravio comparativo escandaloso al que ningún Gobierno ha puesto fin. Desde siempre, el máximo empeño de PNV, Bildu, ERC y compañía ha sido conseguir el monopolio de la ‘seguridad’ en sus territorios; es decir, la salida de policías y guardias civiles ajenos a sus manejos, leales a su juramento y obedientes a los jueces antes que a los políticos. Un sentido del deber que algunos, como los coroneles de la Benemérita Pérez de los Cobos y Corbí, han pagado recientemente muy caro, dada la infamia demostrada por el ministro Marlaska al castigarles por cumplirlo.

También Podemos tiene un largo historial de aversión a los encargados de velar por el orden público. Algo consustancial a su propia naturaleza, considerando los orígenes de la formación morada. Su fundador, Pablo Iglesias, se «emocionaba» (sic) viendo a una turba de fanáticos apalear a un policía caído. Su exdiputado, Alberto Rodríguez, fue condenado por patear a un uniformado en el transcurso de una protesta, e Isabel Serra, exparlamentaria convicta rescatada como asesora de Montero a cargo del contribuyente, se cebó con una mujer policía injuriándola del modo más obsceno y machista.

Los socios de Sánchez aborrecen a los custodios del Estado de derecho que quieren destruir. Lo sabíamos nosotros y él; de ahí sus pesadillas. Lo novedoso, lo repugnante, lo miserable, es que les entregue la cabeza de nuestros mejores servidores públicos para mantenerse en el poder.

FUENTE: 

https://www.abc.es/opinion/abci-isabel-san-sebastian-ley-odio-policia-y-guardia-civil-202111130159_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fopinion%2Fabci-isabel-san-sebastian-ley-odio-policia-y-guardia-civil-202111130159_noticia.html