El pasado 5 de diciembre, en el marco de la Junta de Seguridad de Cataluña, se firmó acuerdo ente el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, relativo a la investigación de ilícitos administrativos y penales en materia de medio ambiente en Cataluña.

Podemos leer en el acta del acuerdo que: “(…) acuerdan precisar que corresponde al cuerpo de Mossos d’Esquadra la investigación policial de los delitos e ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente que tengan lugar en Cataluña. El cuerpo de Agentes Rurales actuará en apoyo de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en aquellos supuestos en que sea necesaria su intervención en razón de las funciones que le competen”. Sin embargo, esta asignación en exclusiva contraviene cuanto ordena la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 144 establece que las competencias en medio ambiente son compartidas por Generalitat y Estado, por lo que se requiere una Ley Orgánica para modificar esta previsión, y no un simple acuerdo. Debemos añadir que en los veinte años en los que se viene ejerciendo la competencia de forma compartida, se ha llevado a cabo con una perfecta coordinación entre ambos cuerpos en esa materia, por lo que excluir a la Guardia Civil no solo no mejora la lucha contra la protección del medio ambiente, sino que debilita su protección.  

Si es deseo del Ministerio del Interior y del Departamento de Interior el establecer un nuevo marco regulatorio de las atribuciones legales en materia de medio ambiente en Cataluña, deberían seguir el procedimiento empleado en el caso de la transferencia de competencias en materia de tráfico, que se hizo a través de Ley Orgánica 6/1997, pero no mediante un acuerdo que atenta contra leyes en vigor y no utilizar atajos de dudosa legalidad.

El acuerdo establece la obligación de informar a los Mossos de cualquier hecho relacionado con el medio ambiente, para que asuman la titularidad de la investigación; o que formará parte, en todo caso, de los equipos de investigación que coordinen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los ilícitos administrativos y penales en la parte que afectase al territorio de Cataluña. Se olvidan de que muchas de las investigaciones son dirigidas por jueces o fiscales que determinan qué cuerpo se hace cargo de una investigación, o en muchos casos se decreta el secreto de actuaciones, por citar algunos ejemplos.  Esto coloca en una difícil situación, generándose incertidumbre e inseguridad jurídica. Ante esta contradicción, ¿qué deben cumplir?, el acuerdo o las leyes orgánicas que regulan la materia.

Llevamos tiempo viendo cómo las competencias de la Benemérita se utilizan a modo de moneda de cambio con la que se paga la estabilidad de un gobierno sostenido por apoyos independentistas que detestan todo lo que, como la Guardia Civil, vertebra al Estado y representa la unidad de la nación Española, pero que asumamos que se nos utiliza como moneda de cambio no implica que admitamos que esto se haga contraviniendo lo que dice la Ley. La Ley es para todos, y todos deben cumplirla, desde el presidente del gobierno hasta el último ciudadano. No es comprensible que en determinados territorios de España, poco a poco, se esté desmantelando a la Guardia Civil por la puerta de atrás, sin respetar lo que establecen las leyes vigentes. 

Por parte de la Unión de Oficiales (UO) se estudiarán medidas de impugnación contra aquellos actos normativos o de hecho que, en ejecución del acuerdo, suponga un incumplimiento del marco normativo vigente.