Chacón ofreció muy pocos detalles sobre el contenido del borrador que su departamento ha elaborado con el máximo sigilo. Señaló que la ley incluirá "la regulación del derecho de asociación en el ámbito profesional, a fin de favorecer la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en la mejora de su régimen de personal". Anunció también "la constitución de un único Consejo de Personal [en lugar de los cuatro existentes, uno por cada ejército y otro para los cuerpos comunes, cuyos miembros son elegidos por sorteo] que servirá de cauce para la participación de los militares y de sus asociaciones profesionales".

Destacó, por último, "la creación del Observatorio de la Vida Militar, un órgano colegiado de carácter consultivo que permitirá analizar y evaluar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los militares, y que contribuirá a mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias".

La novedad de la ley no consiste en reconocer el derecho de los militares españoles a formar asociaciones profesionales, algo que ya les reconoció el Tribunal Constitucional en una sentencia de octubre de 2001. El cambio estriba en que, por vez primera, se reconoce a dichas asociaciones como interlocutores, ya que hasta ahora el Ministerio de Defensa las ignoraba y no las consultaba al abordar reformas de tanto calado como la Ley de la Carrera Militar de 2007.[/align]

A partir de ahora, las asociaciones se sentarán en el Consejo de Personal, un órgano colegiado que emitirá informes no vinculantes sobre las normas que afecten a la política de personal de las Fuerzas Armadas y podrá elevar propuestas y sugerencias. Defensa excluye, sin embargo, que los miembros de este consejo sean elegidos democráticamente, por lo que tendrá que arbitrar un sistema que permita acreditar la representatividad de las distintas asociaciones.

No obstante, el punto más conflictivo del borrador elaborado por Defensa, según ha sabido EL PAÍS, es su pretensión de que los militares que se sienten en el Consejo no estén en activo. Es decir, los militares en activo podrán pertenecer a asociaciones profesionales, pero no podrán actuar como representantes de las mismas. La causa de esta importante restricción es impedir la aparición de liberados sindicales en los cuarteles; es decir, de profesionales del asociacionismo militar, con horas pagadas para dedicarse a tal actividad o libertad de circulación por dependencias militares. Tampoco se permitirá que las asociaciones celebren reuniones dentro de los cuarteles. En ambos casos el borrador se aleja de la regulación vigente en la Guardia Civil, pese a que este cuerpo tiene naturaleza militar.

Chacón subrayó ayer que la aprobación de la ley "debe ser fruto de un más que amplio consenso en el Parlamento" y anunció que renunciará a presentarla si no obtiene dicho consenso. "En cuestiones militares, la única aritmética parlamentaria que vale es la de la suma. Y la única política posible es la del consenso y la unidad. No puede haber unas Fuerzas Armadas a la medida de cada Gobierno".

Fuentes de Defensa indicaron que se buscará prioritariamente el acuerdo con el PP, al que en breve se invitará a abrir conversaciones. La ministra cuenta ya con el visto bueno de la cúpula militar, a la que presentó el borrador en diciembre.

El peligro de una sindicalización de las Fuerzas Armadas parece conjurado. El riesgo es que el nuevo órgano sea tan inoperante como los consejos de personal a los que vendrá a sustituir.

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